3 años y medio de prisión por negociar la paralización de un desahucio
3 años y medio de prisión por negociar la paralización de un desahucio
Por qué es importante esta petición
LA FISCALÍA Y CAIXABANK, JUNTOS CONTRA EL DERECHO DE REUNIÓN
Caixabank, con el apoyo de la Fiscalía, pide 3 años y medio de prisión para 8 activistas de la PAH detenidos en 2017, mientras negociaban la paralización de un desahucio de una madre con dos hijos en Cabanillas del Campo (Guadalajara).
El juzgado de lo penal nº 1 de Guadalajara ha abierto juicio oral contra 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Guadalajara, acusados por delitos de resistencia a la autoridad, de desobediencia, coacciones y desórdenes públicos por participar, en diciembre de 2017, en una negociación en una sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo para evitar el desahucio de una vecina, quien junto a sus hijos recuperó una de las decenas de viviendas que la entidad tenía vacías en el municipio. En dicha negociación participó, además, un concejal del ayuntamiento de Cabanillas.
Las activistas reclamaban una respuesta escrita, que serviría para poder evitar ser expulsada de su vivienda. Los representantes de Caixabank, que en su momento se habían comprometido verbalmente a paralizar el desalojo hasta tanto se negociara un alquiler social, no querían dejar escrito los términos de ese compromiso, manteniendo la presión sobre la afectada. Caixabank respondió a esta exigencia llamando a la Guardia Civil, que procedió a la detención de las 8 activistas, acusándoles de delitos cuyas peticiones, la del Fiscal Bernardino Díaz y la acusación particular, van desde un año hasta los tres años y siete meses de prisión que solicita Caixabank.
Durante el proceso judicial, quedó patente que no existió violencia o resistencia alguna, más allá de oposición pasiva, tal y como expusieron los propios agentes de la Guardia Civil en su informe. Además, Caixabank borró las imágenes del interior de la sucursal antes de ser requeridas por el juzgado, lo que evidencia que la Fiscalía basa sus acusaciones exclusivamente en las declaraciones del director de la sucursal y de un cargo intermedio de la entidad. Además, queda de relieve la ejecución de una DETENCIÓN ILEGAL a las 8 activistas, que simplemente ejercían su derecho a la protesta de manera pacífica.
Este proceso penal tiene gravísimas consecuencias sobre derechos fundamentales como lo es el derecho de reunión, o incluso el derecho a la protesta pacífica. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el examen periódico realizado a España, viene advirtiendo que el marco legal que se está aplicando en casos como el de las #8deCaixabank es incompatible con los derechos reconocidos en la Carta de la ONU. Esto ha quedado patente de manera reciente con otros 3 casos de represión judicial que acabaron siendo archivados, como son el caso de Safira, donde 22 activistas de la PAH de Guadalajara fueron igualmente imputados con acusaciones similares por ejercer la resistencia pasiva frente al desahucio de Safira, una joven con discapacidad que había ocupado una vivienda vacía, algo que fue de tanta gravedad que motivó una interpelación de Naciones Unidas al gobierno español para que lo paralizara. En el caso de los #5delBuero, cinco profesores en defensa de la escuela pública llegaron a ser acusados de resistencia grave y atentado. En el de Diego, que fue absuelto de un delito de revelación de secretos por fotografiar a los agentes judiciales mientras ejecutaban desahucio de una familia con un bebé (y cuya acusación la ejerció el mismo fiscal de los #8deCaixabank). Todos estos son casos muy cercanos que revelan la necesidad de que la sociedad no mire de perfil a estos atropellos.
De hecho, Amnistía Internacional ha vuelto a poner su foco en el Estado Español en su nuevo informe publicado este mismo mes, donde recoge este y muchos otros casos como atentados contra el derecho a la protesta.
La carestía de la vida, el incremento de la pobreza estructural y la pérdida de poder adquisitivo, la carencia de vivienda o los abusos solamente pueden ser enfrentados mediante una población vigilante que no permita que esto ocurra. Hoy, en Guadalajara, en el año 2022, 8 personas se enfrentan a penas de cárcel precisamente por eso.
FIRMA ESTA PETICIÓN PARA APOYAR A LAS 8 ACUSADAS Y DEFENDER EL DERECHO A LA PROTESTA. PROTESTAR ES UN DERECHO, NO UN DELITO.
Concentraciones:
-26 de noviembre 12:00. Sede central Caixabank de Guadalajara.
-30 de noviembre 9:00. Juzgados de Guadalajara.