Exigimos justicia para los miles de autónomos en España que están siendo injustamente obligados a devolver las ayudas económicas COVID recibidas en 2020, pese a haberlas solicitado de buena fe. 

Durante la pandemia de COVID-19, los autónomos españoles confiaron en las ayudas ofrecidas por el Estado para sobrevivir a una crisis sin precedentes. Muchos solicitaron estas ayudas en buena fe, siguiendo los criterios publicados en ese momento. Sin embargo, años después, se les exige devolver miles de euros por supuestos incumplimientos basados en criterios modificados o que no estaban claramente definidos en el momento de la solicitud. ¿Por qué, la administración de las Mutuas o las autoridades, dieron las ayudas, si no cumplían los requisitos?

Las consecuencias son devastadoras:

• Cierre de negocios que apenas sobrevivieron a la pandemia
• Endeudamiento personal y empresarial
• Deterioro de la salud mental y física de los afectados
• Impacto directo en familias, hijos y comunidades enteras 

Esta reinterpretación retroactiva de las condiciones vulnera gravemente los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la doctrina Cakarevic (C-180/17). 

Apelamos a la doctrina Cakarevic

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso C-180/17 Cakarevic, estableció que los ciudadanos no pueden ser penalizados por confiar en una normativa que luego es modificada o reinterpretada. Esta doctrina protege la confianza legítima como principio fundamental del Derecho de la Unión Europea, especialmente en contextos de ayudas públicas.

Aplicar esta doctrina al caso de los autónomos españoles es no solo razonable, sino necesario y un derecho humano. Nadie debería ser castigado por haber confiado en su gobierno en tiempos de emergencia.

Exigimos:

1. La anulación y reembolso inmediata de las órdenes de devolución de ayudas COVID a autónomos que actuaron de buena fe.
2. La revisión transparente de los criterios aplicados, con participación de Asociaciones de Autónomos.
3. La aplicación efectiva de la doctrina Cakarevic como protección jurídica.
4. El compromiso institucional de proteger a quienes confiaron en el Estado en las medidas del Estado en momentos de crisis. 

Esta petición no es solo una reclamación económica. Es una defensa de la justicia, la dignidad y el futuro de los autónomos españoles

¡Firma y comparte! Porque ningún autónomo debería pagar por confiar en su gobierno.