Venerdì 23 maggio, dopo più due anni di resistenza non violenta contro un progetto minerario, le comunità di resistenza a “La Puya” sono state sgomberate dal loro sbarramento all’entrata della miniera.

Macchinari pesanti e impiegati della compagnia statunitense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) e della compagnia EXMINGUA sono entrate nella terra della minera “El Tambor”, nella municipalità di San José del Golfo.

Dato che il diritto di manifestare è superiore al diritto di locomozione, che è stato usato come una scusa per un’aggressione violenta contro la comunità di “La Puya”, tutti noi come Associazioni popolari, difensori dei diritti umani e cittadini chiediamo al Procuratore per i Diritti Umani del Guatemala, Jorge de León Duque, di difendere il diritto di manifestare delle popolazioni di San Jose del Golfo and San Pedro Ayampuc.

 

On Friday May the 23rd, after more than two years of non-violent resistance against a gold mine, the communities in resistance of “la Puya” were evicted from their blockade at the entrance to the mine.

Heavy machinery and employees of the US mining company Kappes, Cassiday & Associates (KCA) and the company EXMINGUA had enter the lands of the “El Tambor” Mine in the municipality of San José del Golfo.

Since the Right to Protest is above the right of Locomotion, which is used as an excuse for a violent aggression against the community of “La Puya”, all of us, Human rights, popular organizations and all kind of people ask to the Human Rights Ombudsman of Guatemala, Jorge de León Duque, to defend the right to protest of the population of San Jose del Golfo and San Pedro Ayampuc.  

 

VIOLENCIA Y REPRESION VIOLAN DERECHOS DE POBLADORES EN LA PUYA

 No obstante que dentro del marco jurídico guatemalteco existen algunos artículos constitucionales que amparan y avalan el derecho de la población a reunirse y manifestarse, vecinos que se oponen al desarrollo de la mina El Tambor, ubicada en el lugar mencionado como la Puya entre los municipios de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc, del departamento de Guatemala, fueron desalojados por la fuerza y con gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, que protege los intereses de empresas trasnacionales.

Unas veintiséis personas resultaron con golpes, estaban ensangrentadas así como intoxicadas, por lo que fueron trasladadas hacia un centro asistencial. Cerca de las trece horas algunas mujeres oraban en busca de detener la represión, pero los agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil comenzaron a avanzar y a retirar a las y los pobladores optaron por retroceder. Algunos de los vecinos permanecían hincados, pero se levantaron al cumplir el plazo de diez minutos que la policía les dio para desalojar el camino.  

A las 14.18 horas, los agentes comenzaron a lanzar una gran cantidad de bombas de gas lacrimógeno, sin importar la presencia de mujeres, niños y personas ancianas agentes policiales afectados, con el resultado de varias de ellas golpeadas, heridas e intoxicadas.

Varios de las y los pobladores que se opusieron a la agresión violenta, fueron apresados y conducidos por las agresoras fuerzas de la policía. Desde hace dos años pobladores de las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc, que no han sido consultadas como indican las leyes del país, tomaron acciones en rechazo a la mina y bloquearon la entrada a la minera permaneciendo pacíficamente, día y noche en el lugar, instalando lugares de refugio con enseres que fueron confiscados ahora por los policías.

Los inconformes piden que se haga una consulta de vecinos para saber si el pueblo acepta este proyecto, pero una semana los pobladores denunciaron que el Gobierno ha incumplido con entablar diálogos en busca de acuerdos para solventar este problema.

Conforme a la Constitución Política de la República, los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. De manera que la única limitación, y siempre que se dé por ley, está condicionada por el mantenimiento de lo indicado en la Ley del Orden Público, no para garantizar el derecho de locomoción, por lo que el derecho de manifestación tienen superioridad sobre el de locomoción y no al revés.

 Al gobierno de Guatemala no le es permitido utilizar la fuerza para reprimir los derechos de reunión y de manifestación pública, y debe garantizar y no obstaculizar el derecho de las y los manifestantes a reunirse libremente tanto en lugares privados como públicos y en los sitios de trabajo, estando obligado a medidas positivas para asegurar su ejercicio efectivo, protegiendo a los participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de personas que puedan sostener opiniones opuestas, así como proveer las medidas administrativas y de policía necesarias para que los manifestantes puedan desarrollar su actividad, lo cual implica medidas positivas como la desviación del tráfico y la protección policial de las manifestaciones y concentraciones, en caso de ser necesario.

En flagrante contradicción con la ley el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, al salir de una citación en el Congreso, explicó que el desalojo de manifestantes en La Puya se da después de dos años de diálogo infructuoso, porque no se logró ningún consenso, y agregó que los pobladores incurrieron en el delito de obstrucción a la libre locomoción.

Entre otras cosas dijo que “Las órdenes de los elementos es liberar el paso para hacer accesible que la maquinaria de la empresa entre”. “Esperamos que no haya enfrentamientos porque ellos lo que hacen es utilizar a los niños y a las mujeres. Aseguro que la Ley de Tránsito en el país es clara en el tema de libre locomoción, vamos a tener que proceder a hacer capturas y no queremos eso”, indicó el funcionario.

Es inadmisible y se debe denunciar la violencia y la represión así como la criminalización y la utilización de sanciones penales, de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión y manifestación.

 

Guatemala 24 de mayo de 2014.