Petición al Gobierno de Canarias para que cese de inmediato en su pretensión de acceder a los historiales clínicos y médicos de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma en situación de baja médica. 

El anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias propone otorgar la potestad a la Inspección General de Servicios, adscrita a la Consejería de Presidencia, de acceder a las historias clínicas y ficheros en manos del Servicio Canario de Salud de los 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma para, supuestamente, valorar la situación de las incapacidades temporales.

Desde las Federaciones del ámbito público de Intersindical Canaria (STEC-Intersindical Canaria, Federación de Salud y Federación de Administraciones Públicas) consideramos que tal actuación supondría una grave violación del derecho a la intimidad de los empleados públicos, reconocido en la Constitución y directrices europeas, así como de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos que establece que el acceso a la información de carácter personal referida a la salud sólo se podrá realizar si el afectado consiente expresamente. Igualmente, consideramos que la creación del Servicio de Inspección General de Servicios dependiente de la Consejería de Presidencia, supone una duplicidad innecesaria de departamentos que solo apunta al despilfarro de dinero público y a un claro intento de incentivar aún más la persecución respecto a los empleados públicos que por cualquier razón caigan enfermos.

Por tal motivo, los firmantes de esta petición manifestamos nuestro absoluto rechazo a esta nueva y gravísima lesión de derechos fundamentales que pretende imponer el Gobierno de Canarias, al tiempo que exigimos su inmediata retirada.

Desde Intersindical Canaria y sus Federaciones del ámbito público, caso de persistir el Gobierno autonómico en esta descabellada propuesta, llamaremos a la movilización del conjunto de empleados públicos al tiempo que acudiremos a todas las instancias judiciales que procedan para defender los derechos de los empleados públicos de Canarias.