Rechazo a la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí

La causa

“La clase gobernante desprecia lo que ve o cree ver: masas ingobernables por irredimibles, masas indóciles y sumisas, masas regidas por el complicado matrimonio entre la obediencia y el relajo. En el otro extremo, quienes ejercen la democracia desde abajo y sin pedir permiso, amplían sus derechos ejerciéndolos.”

Carlos Monsivais.

 

En nuestro país se agudiza la desigualdad social, se encarecen los servicios públicos y se restringen cada vez más los derechos humanos.  Al mismo tiempo, se atenta contra los derechos económicos, políticos, sociales y ambientales: aquello que huela a colectivo o comunal está bajo ataque. Políticxs de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), todxs de la misma clase social, imponen a las mayorías un futuro de pobreza y miseria. Como el despojo será absoluto, también criminalizan la protesta.

El diputado Alejandro Lozano González presentó  la iniciativa  de Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. Esta ley es una clara violación a los derechos humanos pues límita los actos de protesta y de manifestación.

Además, el Diputado por el VII distrito conocido como “Boris” quiere que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos (de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30). Los viernes quedan exentos de protestas porque, como todos ustedes saben, el viernes es “viernes social” y las violaciones de derechos, los problemas sociales, la desigualdad y las necesidades de los ciudadanos no ocurren, no se viven y no se sienten los viernes.

De acuerdo con el Diputado la ciudadanía inconforme  deberá pedir permiso al generador de la inconformidad; es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación.   Señala que  se impondrían multas de  50 a 100 días de salario mínimo y arresto de 36 a 72 horas a quienes se manifiesten sin avisar previamente por escrito, a quienes se manifiesten con el rostro cubierto o a quienes tomen una vía de transporte.  El diputado arguye que las manifestaciones violan el derecho al libre tránsito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro en múltiples ocasiones que el derecho al libre tránsito “tutela la libre circulación de la persona por el territorio nacional sin necesidad de documentación alguna y sólo limitada para los casos y requisitos migratorios, arraigos por procesos penales y exclusión de extranjeros no gratos, tema muy distinto al de la circulación de vehículos.”

Remarcamos que las y los ciudadanos no buscan optar por caminos no institucionales para expresarse libremente, sino para fortalecer el funcionamiento de las instituciones, a través del intercambio de ideas y la manifestación de sus reivindicaciones. En una sociedad democrática están convencidos de que tienen el derecho al goce y disfrute de derechos conexos. Es decir, aquellos que no son contrarios al orden establecido, aún cuando se encuentren estrechamente vinculados con actos de orden político, como los de reunión, asociación y libertad de expresión, derechos que están contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tampoco se puede restringir el derecho a la libre expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los derechos de asociación, reunión y de libertad de expresión son un requisito fundamental, indispensable para la existencia de una sociedad democrática. No así la represión, el uso excesivo de la fuerza y el patrocinio de entes desconocidos o grupos de choque que alienten o cometan delitos.

De acuerdo con el especialista argentino Raúl Zaffaroni, la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

 

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Protestar es un derecho, Reprimir es un delito!

 

Colectivo Universitarixs Libres

Colectiva La Castilla Combativa 

Movimiento de Regenaración Nacional (MORENA)

Partido Obrero Socialista - Movimiento al Socialismo

Maestría en Derechos Humanos

La Causa 68

Alternativa Proletaria

 

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Colectivo Universitarixs LibresCreador de la petición
Esta petición conseguió 211 firmas

La causa

“La clase gobernante desprecia lo que ve o cree ver: masas ingobernables por irredimibles, masas indóciles y sumisas, masas regidas por el complicado matrimonio entre la obediencia y el relajo. En el otro extremo, quienes ejercen la democracia desde abajo y sin pedir permiso, amplían sus derechos ejerciéndolos.”

Carlos Monsivais.

 

En nuestro país se agudiza la desigualdad social, se encarecen los servicios públicos y se restringen cada vez más los derechos humanos.  Al mismo tiempo, se atenta contra los derechos económicos, políticos, sociales y ambientales: aquello que huela a colectivo o comunal está bajo ataque. Políticxs de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), todxs de la misma clase social, imponen a las mayorías un futuro de pobreza y miseria. Como el despojo será absoluto, también criminalizan la protesta.

El diputado Alejandro Lozano González presentó  la iniciativa  de Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. Esta ley es una clara violación a los derechos humanos pues límita los actos de protesta y de manifestación.

Además, el Diputado por el VII distrito conocido como “Boris” quiere que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos (de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30). Los viernes quedan exentos de protestas porque, como todos ustedes saben, el viernes es “viernes social” y las violaciones de derechos, los problemas sociales, la desigualdad y las necesidades de los ciudadanos no ocurren, no se viven y no se sienten los viernes.

De acuerdo con el Diputado la ciudadanía inconforme  deberá pedir permiso al generador de la inconformidad; es decir, al Estado y este decidirá si aprueba o no la manifestación.   Señala que  se impondrían multas de  50 a 100 días de salario mínimo y arresto de 36 a 72 horas a quienes se manifiesten sin avisar previamente por escrito, a quienes se manifiesten con el rostro cubierto o a quienes tomen una vía de transporte.  El diputado arguye que las manifestaciones violan el derecho al libre tránsito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro en múltiples ocasiones que el derecho al libre tránsito “tutela la libre circulación de la persona por el territorio nacional sin necesidad de documentación alguna y sólo limitada para los casos y requisitos migratorios, arraigos por procesos penales y exclusión de extranjeros no gratos, tema muy distinto al de la circulación de vehículos.”

Remarcamos que las y los ciudadanos no buscan optar por caminos no institucionales para expresarse libremente, sino para fortalecer el funcionamiento de las instituciones, a través del intercambio de ideas y la manifestación de sus reivindicaciones. En una sociedad democrática están convencidos de que tienen el derecho al goce y disfrute de derechos conexos. Es decir, aquellos que no son contrarios al orden establecido, aún cuando se encuentren estrechamente vinculados con actos de orden político, como los de reunión, asociación y libertad de expresión, derechos que están contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tampoco se puede restringir el derecho a la libre expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los derechos de asociación, reunión y de libertad de expresión son un requisito fundamental, indispensable para la existencia de una sociedad democrática. No así la represión, el uso excesivo de la fuerza y el patrocinio de entes desconocidos o grupos de choque que alienten o cometan delitos.

De acuerdo con el especialista argentino Raúl Zaffaroni, la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el ser humano no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

 

¡No a la criminalización de la protesta social!

¡Protestar es un derecho, Reprimir es un delito!

 

Colectivo Universitarixs Libres

Colectiva La Castilla Combativa 

Movimiento de Regenaración Nacional (MORENA)

Partido Obrero Socialista - Movimiento al Socialismo

Maestría en Derechos Humanos

La Causa 68

Alternativa Proletaria

 

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Juan Pablo Escobar
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Diputado
Martín Alvarez Martinez (Diputado)
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Diputado
Rosa Ma. Huerta Valdez
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Juan Manuel Segovia Hernández
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Diputado
Jean Castilla Jongitud
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Diputado
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