Quito, 26 de noviembre de 2020

REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES UNA PRIORIDAD NACIONAL Y POLÍTICA DE ESTADO

Propuesta para los binomios presidenciales – Elecciones 2021

Los desastres son producto de los riesgos mal gestionados. Generan muerte, dolor, daños materiales y cuantiosas pérdidas que, en conjunto, afectan a las personas, hogares, al funcionamiento de las sociedades y a la posibilidad de conservar los beneficios del desarrollo. En todo el mundo crece cada año el valor de las pérdidas y daños, por lo que todas las personas e instituciones debemos reducir consistentemente el riesgo de desastres.

Traído a valor presente, el acumulado de las pérdidas y daños de cinco desastres (desde El Niño de 1982-83) sobrepasa los 87.360 millones de dólares, que supera con creces el monto de la deuda pública nacional[1], sin contar los 6.420 millones de dólares que Planifica Ecuador estima por pérdidas y daños por la pandemia durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Este acumulado no incluye las pérdidas asociadas a las rupturas del oleoducto, a los incendios forestales ni a los efectos de las emergencias medianas y pequeñas del día a día en nuestras poblaciones y territorios.

¿Son evitables estas pérdidas y daños? Sí, lo son. Pero los riesgos no se reducen solos, y hace falta voluntad política, transparencia y honradez, en todos los niveles, para lograr resultados coherentes en las agendas locales, nacionales y globales. En términos generales, seguimos acumulando y construyendo riesgos en lugar de reducirlos, y seguimos trasladando la carga a nuestros hijos y a quienes vendrán después.

En respuesta a la demanda global, los jefes de estado y de gobierno aprobaron en 2005 (y luego en 2015) el Marco Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres. El Marco de Sendai 2015 - 2030 identifica en su numeral sexto los factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres[2] y los factores agravantes del riesgo[3]. Todos estos factores están directamente asociados a las imprevisiones y errores en la gestión pública y privada y son, por tanto, plenamente evitables.

El Marco de Sendai establece cuatro prioridades para reducir las pérdidas y daños asociados a los desastres:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

Ahora que el mundo se enfrenta a los efectos de la pandemia y al incremento de los desastres asociados a factores climáticos, es imperativo dejar a un lado las imprevisiones y errores en la gestión pública y privada, y alinearnos con las prioridades de la Reducción de Riesgos de Desastres (conocida por sus siglas RRD) en las agendas locales, nacionales y globales.

La RRD no es solo un tema de largo plazo sino también de corto plazo, porque en cada década las catástrofes nos han llegado gatilladas por terremotos, erupciones, inundaciones o epidemias, y ningún gobierno puede estar seguro de no sufrirlas.

La Constitución de Ecuador (2008) incluyó un mandato específico para la gestión del riesgo de desastres con el objetivo expreso de reducir las vulnerabilidades, y creó para ello el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que de acuerdo con la propia Constitución debe ser regulado a través de una ley orgánica.

Han pasado doce años desde la aprobación y puesta en vigencia del texto constitucional y este mandato sigue siendo una tarea pendiente.

El reconocimiento de esta necesidad se fortalece con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que llama al Ejecutivo a manejar los desastres dentro de un marco legal permanente y no con sucesivos estados de excepción.

El Colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos insta a quienes aspiran a gobernar el país, a cumplir esta obligación y a comprometerse con la misma.

La falta de ética y de decisión política, y no la falta de conocimiento, se está convirtiendo en la mayor vulnerabilidad para lograr un desarrollo resiliente.

El Colectivo propone que quienes asuman el Gobierno declaren la reducción del riesgo de desastres y su financiamiento como una prioridad nacional y una política de Estado en el nivel nacional y en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados, cumplan con los mandatos constitucionales de gestión de riesgos y se comprometan a:

1. Incluir la Reducción del Riesgo de Desastres como una prioridad para la pre-inversión, la inversión y la implementación del Presupuesto por Resultados a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento al desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones independientes y los incentivos a la gestión.

2. Diseñar el próximo Plan Nacional de Desarrollo con una mirada de recuperación post desastre, considerando la reducción de las desigualdades y la pobreza, garantizando la salud integral, la protección social y la reactivación económica, dando continuidad a la evaluación de los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19.

3. Crear un Fondo Nacional Permanente[4] de RRD y un procedimiento para financiar iniciativas específicas de RRD a nivel territorial, a propuesta conjunta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), las Instituciones de Educación Superior, los Institutos Públicos de Investigación, el INEC y los organismos de cooperación internacional. Serán elegibles para aplicar al fondo los GAD que incorporen y cumplan sus metas de la RRD en sus planes de ordenamiento y desarrollo territorial.

4. Reforzar la política de RRD en el sistema educativo nacional (Ministerio de Educación y Consejo de Educación Superior) para que todas las generaciones conozcan las amenazas y los riesgos a los que está expuesto el país, y se formen para la reducción responsable y sostenida de las vulnerabilidades en los diversos campos de actividad.

5. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, confiar la rectoría de la política a un mecanismo institucional y no a la discrecionalidad de una persona; asignar a la gestión de riesgos un presupuesto adecuado y suficiente; colocar en el nivel de dirección a personas de acreditada capacidad y trayectoria en la RRD, dotándolas de un alto nivel de reconocimiento para facilitar el logro de los resultados en los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad.

6. Establecer y financiar un sistema de información para la resiliencia territorial, en cuya construcción participen los institutos públicos de investigación relacionados con la gestión del riesgo, las instituciones de educación superior, la entidad rectora de la información (INEC), los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de la función ejecutiva, legislativa y de control del Estado, y los organismos de cooperación internacional. Este sistema será la base para la planificación, la gestión, el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas en la RRD a nivel nacional y en el ámbito territorial.

7. Liderar la conformación de un equipo técnico del más alto nivel en el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres, con el mandato de emitir un pronunciamiento, con las respectivas recomendaciones, previo a la aprobación del proyecto de ley orgánica, sobre si está adecuadamente orientado a la reducción del riesgo de desastres y al fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en concordancia con nuestra Constitución y con la Estrategia Internacional de RRD adoptada por los Estados de la ONU, incluido el Ecuador.

El proceso de preparación del proyecto de Ley contará con la participación de las instituciones y organismos relacionados con la gestión del riesgo de desastres: unidades de gestión de riesgo del nivel nacional y de los GAD, centros de investigación, universidades y organismos de cooperación internacional.

Invitamos a los candidatos a acoger estas propuestas para que la reducción de riesgos sea una prioridad nacional y política de Estado, y a hacerlas realidad en caso de ganar las elecciones.

Por su parte el Colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos, ratifica su decisión de colaborar con el sector público y el sector privado en las acciones de reducción de riesgos de desastres relacionadas con este compromiso, y de apoyar las iniciativas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las grandes agendas globales.

Por el Colectivo,

Daniel Arteaga Galarza - 1707817019

Carolina Portaluppi Castro - 1201716527

Emilio Ochoa Moreno - 0600269815

Nury Bermúdez Arboleda - 1711001980

Jeannette Fernández Castro - 1704194545

Rodrigo Rosero Gómez - 1712411089

Hugo Cahueñas Muñoz - 1714296777

Felipe Bazán Montenegro - 0907652317

Tathiana Moreno Granja - 1001567245

Dalton Andrade Rodríguez - 0920228582

Álvaro Campo Ojeda - 1713331229

María Lorena Cajas Albán - 0501944813

Jairo Estacio Almeida - 1710581743

Santiago Tarapués Arcos - 0401194972

Oscar Robles Meneses - 1721279444

Patricia Carrillo Chimbo - 0201852308

Roger Zambrano Cedeño - 1716010184

Rodney Martínez Güingla - 1709731614

Mario Ruiz Romero - 1001304805

Alexandra Alvarado Cevallos - 1709588261

Gisela Caranqui Nazate - 1003184437

Liliana Troncoso Salgado - 1713743944

[1] Este cálculo utiliza los mismos criterios que el gobierno aplica para establecer el valor presente de la deuda. Se usaron los datos oficiales para: ENOS 1972-73 y 1997-98, Erupción del Tungurahua de 2006, Inundaciones de la costa en 2008, Terremoto de Pedernales en 2016.
[2] Factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres: las consecuencias de la pobreza y la desigualdad; el cambio climático y la variabilidad del clima; la urbanización rápida y no planificada; la gestión inadecuada de las tierras. Disponible en: https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
[3] Factores agravantes: cambios demográficos; arreglos institucionales deficientes; políticas formuladas sin conocimiento del riesgo; falta de regulación e incentivos para inversiones privadas en la reducción del riesgo de desastres; cadenas de suministro complejas; limitaciones en la disponibilidad de tecnología; utilización no sostenible de los recursos naturales; debilitamiento de los ecosistemas; pandemias y epidemias.
[4] Puede operar de inmediato y deberá ser establecido de modo permanente en la Ley.

Juan Fernando Velasco

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