Distintas organizaciones del mundo de la educación nos hemos articulado para denunciar la ausencia de políticas educativas y laborales apropiadas, a más de un año de la pandemia, hecho que ha afectado gravemente el bienestar de las comunidades escolares (estudiantes, familias y trabajadoras/es) y que actualmente nos tiene en una situación de extremo desgaste físico y psicológico.

Desde el 2020, las escuelas nos hemos visto en un contexto caracterizado por el agobio, la vulneración de derechos de trabajores/as y estudiantes, las decisiones autoritarias y el sinsentido pedagógico. Estas problemáticas son anteriores a la crisis sanitaria, pero se han visto agravadas ante la absoluta desregulación de nuestro trabajo y de la ausencia de políticas educativas pertinentes. Hoy, la situación es cada vez más crítica: no sólo se están vulnerando derechos laborales conquistados hace años, sino también, derechos humanos fundamentales de estudiantes, familias y trabajadoras/es. 

Las labores que realizábamos docentes, asistentes y funcionarios/as antes de la pandemia no se han modificado en absoluto. Es más, se han sumado otras tareas de gestión y rendición de cuentas en plataformas digitales, acompañamiento, creación de material apropiado, etc. En el caso de las y los asistentes de la educación, muchas veces, se han asignado tareas no contempladas en sus contratos. Las y los profesores todavía trabajamos sin una jornada laboral limitada, las políticas de flexibilización curricular han perjudicado aún más nuestra estabilidad laboral y hemos cubierto con nuestros recursos todo este proceso. Pero lo anterior ocurre en un contexto desregulado, abandonadas/os a la voluntad de sostenedores y directivos o a la capacidad de negociación de nuestras organizaciones gremiales y sindicales. Trabajamos en un contexto de hipervigilancia, sin distinción entre nuestro espacio laboral y el privado, se han sumado restricciones a nuestra labor y se han sucedido una serie de prácticas irregulares: acoso laboral, despidos injustificados y omisión en la toma de decisiones. Todo lo anterior ha tenido costos altísimos, tanto para nuestra salud física y psicológica como para nuestra vida personal, familiar y social, por lo cual impacta también nuestro trabajo con las y los estudiantes. Pese a todo, las escuelas nos hemos hecho cargo, incluso, del abandono gubernamental y la precariedad de nuestras familias.

Pero niños, niñas y adolescentes también se han visto afectados y gravemente. Pasan una cantidad de horas excesivas frente a la pantalla, muchas veces con pausas de 5 minutos entre una clase y otra. Están expuestos a formas de violencia digital que aún no se han abordado, han debido transformar completamente sus hábitos de estudio y no hay máximos legales que regulen la cantidad de tareas, evaluaciones, etc. Es más, su formación se ha visto precarizada por políticas como la "priorización curricular", que autoriza a los establecimientos a reducir la carga horaria de asignaturas fundamentales, con excepción de lenguaje y matemáticas. ¿El objetivo? Sostener pruebas como el SIMCE o la PTU a costa de su desarrollo íntegro. Cerca de 40 mil niños, niñas y jóvenes en edad escolar abandonaron sus estudios en el último año.

No hemos mencionado las pésimas condiciones sanitarias del “retorno seguro”, que arriesgaron sin vergüenza a trabajadores/as, estudiantes y sus familias al contagio, especialmente en la educación inicial, donde el contacto físico juega un rol clave en el aprendizaje. Hay jóvenes que han sufrido graves complicaciones derivadas de cuadros como el PIMS (Síndrome Inflamatorio Multisistémico) e incluso, quienes han fallecido. Tampoco hay quien se haga responsable por contagio directo o indirecto de un/a trabajador/a, menos por fallecimiento. Hemos constatado cómo las y los estudiantes se encuentran vulnerables frente a las decisiones del mundo adulto que se niega a considerar su opinión, pero que no les ha resguardado ante la violencia machista, el abuso, la precariedad o la pandemia.

Ante este escenario, las organizaciones aquí firmantes convocamos a estudiantes, trabajadoras/es de la educación, apoderados/as y familias a una jornada nacional de #PantallasApagadas para el día 30 de abril, por la reivindicación del cuidado, la dignidad laboral y el resguardo de los DDHH en nuestras escuelas y como acción previa al 01 de mayo, día internacional de las y los trabajadores. La acción tendrá distintos niveles de acción, según quiénes la ejecuten.

Declaramos y exigimos lo siguiente: 

1. Instamos a las y los diputados a cursar la acusación constitucional contra el abogado y Ministro de Educación Raúl Figueroa, quien el 23 de abril de este año afirmó que “los niños no corren mayor riesgo en términos vitales”, contribuyendo de modo irresponsable a la desinformación, cuando al día de hoy el Covid-19 es la primera causa de muerte desde los 5 a los 18 años según datos del DEIS (MINSAL). Esta hecho vulnera DDHH fundamentales, como el “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad” (art. 3 de la Declaración Universal de los DDHH) de niños, niñas y jóvenes.
2. Un pronunciamiento del MINEDUC y del Ministerio del trabajo que garantice la reparación y el resguardo de los derechos fundamentales de las y los trabajadores/as de la educación, que incorpore medidas concretas sobre la regulación de nuestras funciones y los recursos con los cuales se realizan.
3. Garantizar el acceso universal a la educación, tal como señala la constitución vigente, para todas y todos los estudiantes mediante conexión gratuita, en el entendido que es tarea del MINEDUC "que el sistema integrado por los establecimientos educacionales financiado con recursos públicos provea una educación gratuita [...] que permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad"
4. Suspender todo instrumento de calificación o rendimiento aplicable a trabajadores/as y estudiantes (calificaciones,SIMCE, PTU y evaluación docente), toda vez que insistir en la aplicación de estos instrumentos sin acceso garantizado constituye un acto de discriminación que, además, impide a las comunidades educativas deliberar y tomar decisiones libremente.
5. Resguardar espacios de reflexión pedagógica y establecer mecanismos de participación democrática en las comunidades escolares, que contemplen una participación vinculante de todos/as sus actores, así como mecanismos apropiados de fiscalización y denuncia.
6. La consideración de otras organizaciones de estudiantes y trabajadores/as en el debate educativo, que recojan la multiplicidad de visiones existentes en el mundo de la educación y permitan destrabar un conflicto aparente, instalado por Raúl Figueroa, con la estrategia mediática de personalizar el conflicto con el Pdte. del Colegio de Profesoras y Profesores y presentar diferencias legítimas como una “cuestión personal”. 

Consideramos estos pasos fundamentales, para comenzar a abordar las urgencias que hoy nos aquejan. Como señaló Gabriela Mistral: “El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde”.
Hoy más que nunca, creemos que nuestras comunidades educativas deben ser espacios sanos y de resguardo.

CONVOCAN: Red docente feminista (REDOFEM), Red de profesoras y profesores de filosofía (REPROFICH), Movimiento por la Unidad Docente (MUD), Federación nacional de trabajadores/as de la educación (FENATED), Educafem (feministas por la educación) y Federaciones (FENATED, FESICOP, FESITED, FTS, FEDE y sindicatos REI).