Firma para pedir el indulto del Fiscal General del Estado:

Un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional:

En España vivimos hoy un momento delicado para el Estado de Derecho. La reciente condena del Fiscal General del Estado ha generado inquietud social, división institucional y dudas profundas sobre el respeto de derechos fundamentales, y por tanto, sobre la justicia y equidad del resultado.

El Fiscal General fue condenado por hechos relacionados con la emisión de una nota informativa destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional. No hablamos de corrupción, ni de beneficio personal, ni de uso indebido de fondos públicos. Hablamos de una actuación institucional en defensa del interés general.

Hoy, dos hechos son innegables y reconocidos por observadores jurídicos, organizaciones internacionales y buena parte de la ciudadanía:

1.    La propia sentencia refleja una profunda división interna

Dos magistradas del Tribunal Supremo firmaron un voto particular histórico, afirmando con claridad que su condena vulneraba el principio constitucional de presunción de inocencia y que la actuación del Fiscal General no solo no era delictiva, sino que fue la única opción legal posible para proteger el prestigio de la institución.

La lectura de la sentencia y de su voto particular, permite afirmar la quiebra de ese derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cuando el propio órgano sentenciador alberga dudas tan serias, la democracia debe escuchar. Y debe hacerlo, si se tiene en cuenta que ya el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha señalado la necesidad de ajustes de la justicia española, en relación al derecho a un proceso con garantías y al examen del derecho a la presunción de inocencia.

2.    El proceso ha puesto en riesgo la confianza institucional

La motivación del fallo se publicó semanas después de comunicar la condena, en un procedimiento sin posibilidad de recurso. Esto ha generado preocupación dentro y fuera de España sobre los estándares de garantía, la apariencia de imparcialidad y la seguridad jurídica que deben acompañar siempre a un juicio de esta trascendencia.

La aplicación de las garantías en toda su dimensión, es el mayor presupuesto para la independencia judicial, que sin duda puede verse cuestionada ante  la apariencia de parcialidad.

3.    Indultar es un acto de responsabilidad, no de confrontación

El indulto no anula la sentencia. No cuestiona al Tribunal. No elimina el debate jurídico. Es un mecanismo constitucional para corregir situaciones excepcionalmente injustas, proteger el interés general y evitar daños irreparables para el sistema institucional.

Las democracias más fuertes son las que saben corregir excesos, aliviar tensiones, y garantizar que la justicia no se convierta -por error o por rigidez- en una fuente de división social.

Indultar significa:

·      Recomponer la confianza institucional,

·      Enviar un mensaje de serenidad democrática,

·      Y proteger la credibilidad de la justicia española ante el mundo.

Por todo ello, pedimos al GOBIERNO DE ESPAÑA el indulto para Álvaro García Ortiz.

Lo pedimos como ciudadanos, juristas, profesionales, trabajadores, estudiantes, como personas que creen en la justicia, pero también en la humanidad; en las instituciones, pero también en su capacidad de rectificar, en la ley, pero también en la clemencia cuando las circunstancias lo exigen.

Este indulto no es un privilegio. Es una necesidad democrática.

Es un acto de respeto a las instituciones y de confianza en España. Es un asunto de justicia, de serenidad democrática, de aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de sus principios universales, y es ajeno a cualquier asunto ideológico o político.

**Firma la petición.

Hagamos juntos un llamamiento sereno, firme y constructivo.

La democracia también se defiende cuidando a quienes la sirven.