La convivencia de los perros en la ciudad y la propiedad responsable de los mismos deben ser regulados, tanto para garantizar el bienestar de los animales como para asegurar que no representan un peligro o un foco de incivismo, sin embargo la consecución de uno de los objetivos no puede ir en detrimento del otro.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una propuesta de modificación de la ordenanza de “Protección, tenencia y venta de animales”. Uno de sus puntos hace referencia a que nuestras mascotas deberán  ir siempre atadas por la calle o por la que no podrán ser alimentadas en espacios públicos. Según estadísticas municipales, en Barcelona en uno de cada seis domicilios vive un perro, una gran comunidad canina que si solo puede hacer uso de las instalaciones destinadas a los perros para ir desatados (pocos espacios y reducidos, condiciones insalubres, falta de seguridad y escaso equipamiento), no pueden ver satisfechas sus necesidades en términos de actividad física y socialización.

Consideramos que debido a polémicas muy concretas como las defecaciones en la vía pública, (estamos de acuerdo en que estos propietarios incívicos sean sancionados) se fomenta un modelo regulador represivo generalizado que no garantiza el bienestar de los animales de compañía sino que lo dificulta.

Exigimos:

•  Que hasta que no se habilite en cada distrito de la ciudad una o varias zonas que  garantice que nuestras mascotas dispondrán de un espacio lo suficientemente amplio y equipado para  poder circular en libertad y realizar actividades físicas y de socialización ésta NO SEA APROBADA. (Por ejemplo, mediante la clasificación de parques específicos para perros o la estipulación de horarios).

•   Que se busquen y estudien todas las medidas conciliadoras              existentes  en ciudades españolas o europeas para valorar su implementación, y que  a través de la mediación  se llegue a un acuerdo por el que los derechos de todos estén respetados, especialmente  los de nuestras mascotas, pues aunque el argumento político de esta modificación es en pro de sus derechos, ellos son los más negativamente afectados por esta propuesta.