La nueva Ley de Protección Animal aprobada en septiembre de 2.023, establece que los Ayuntamientos serán los encargados de poner chip, alimentar, esterilizar y vacunar a todos los gatos callejeros. 

El número de gatos callejeros sin castrar, por inactividad de las Administraciones Públicas es enorme, y la única manera de poder abordarlo sería recuperar la figura del Veterinario Municipal en cada municipio.

O en el caso de municipios muy pequeños, asumir el coste entre dos municipios.

Sería un cargo de libre designación, para poder renovarlo si cumple bién sus objetivos.

Esperemos que no sea otra Ley que no se pueda cumplir.