Declarar Infundada la demanda que prohibiría la pelea de Gallos

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NO PERMITAMOS QUE UNA DEMANDA QUE ES INFUNDADA VAYA EN CONTRA DE NUESTROS DERECHOS, DE NUESTRAS TRADICIONES Y CULTURA.

Una demanda fue admitida a trámite el 8 de noviembre de 2018 con el expediente N°  00022-2018. Así, el máximo colegiado constitucional deberá evaluar la inconstitucionalidad de la primera disposición complementaria final que establece excepciones a la Ley Nº 30407, de protección y bienestar animal y no se aplica a las corridas de toros, peleas de gallos y peleas de toros.

Dicha demanda de inconstitucionalidad, de prosperar, vulneraría nuestros derechos fundamentales a la identidad cultural, derecho a participar en forma individual o asociada en la vida cultural de la Nación y a la libertad personal, a la igualdad, al debido proceso sustantivo, a la libertad de trabajo y a la libertad de empresa.

También traería un conjunto de terribles consecuencias sociales y económicas para los cientos de miles de peruanas y peruanos que nos dedicamos a diferentes actividades vinculadas con la gallística, tauromaquia y pelea de toros, desde los agricultores que siembran el grano y el forraje, los molinos, las fábricas de alimentos balanceado, los laboratorios que elaboran las medicinas y los suplementos nutricionales, los veterinarios, el personal diverso encargado del mantenimiento de los criaderos y establos, artesanos, etc.

 

I.- La demanda de inconstitucionalidad alega vicios de fondo y de forma

 

1.       La demanda invoca la existencia de ciertas irregularidades en el procedimiento legislativo parlamentario. Sobre este punto, presentamos tres contraargumentos, que son los siguientes:

 

a)       La rápida remisión al expediente del proyecto de ley basta para apreciarse que ha existido debate parlamentario no solo al interior de las comisiones involucradas, sino en el Pleno del Congreso, por lo que se ha cumplido con el requisito de la deliberación parlamentaria para después adoptar una propuesta normativa. En ese sentido, el procedimiento parlamentario de producción de la Ley 30407 satisface las exigencias anotadas por el Tribunal Constitucional en el sentido de que toda norma para ser aprobada requiere un debate amplio tanto en comisión como en el Pleno.

 

b)       Así mismo, la Ley 30407 ha sido aprobada por el número de votos requerido para adoptar un acuerdo legislativo de ese tipo. Por lo tanto, tampoco aquí se incurre en un vicio de forma. Es más, en el caso específico, la presente norma fue aprobada por unanimidad; alcanzó 90 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Esta votación supera inclusive la mayoría calificada de dos tercios del número legal de congresistas que exige como votación máxima el Congreso para la adopción de nombramientos de altos funcionarios, por ejemplo.

 

c)       Finalmente, existe una contradicción por parte de la demanda al invocar un vicio de forma, pero únicamente solicitar la inconstitucionalidad de una parte de la ley. En términos de congruencia mínima, si se invoca la inconstitucionalidad de una norma por vicios de forma, tenemos que toda ella es inconstitucionalidad y no solo una parte. Es decir, si el vicio es de forma, toda la Ley de Protección y Bienestar Animal debiera ser declarada inconstitucional y no solo un precepto contenido en una disposición final. Por lo tanto, esta invocación debe desestimarse.

 

2.       La demanda invoca la vulneración del artículo 1 de la Constitución, norma que indica: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Desde luego nuestro sistema se construye sobre la base de la dignidad del ser humano, pero ello no habilita para su invocación indeterminada como en este caso.

 

La gallística es una manifestación cultural anclada en nuestra historia y es signo de identificación de un número de peruanos y peruanas, cuyos derechos no pueden ser desconocidos porque otros sectores oponen, no derechos fundamentales, sino disgustos y desagrados. Al contrario, más bien, desconocer la gallística supone lesionar un conjunto de derechos fundamentales de sectores vulnerables de la población, derechos que son expresión de su dignidad.

 

3.       La demanda invoca la vulneración del artículo 2, inciso 22, de la Constitución, norma que dice “Toda persona tiene derecho: (…) 22.- A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Este derecho tiene un contenido amplio que no puede ser determinado de manera que más bien signifique una figura propia de abuso de derecho. Y es que así como existen, por ejemplo, previsiones para la construcción horizontal de la propiedad, según las cuales resulta un abuso de derecho construir de una manera tal que elimine toda posibilidad de luz por parte de mis vecinos; del mismo modo, la invocación de un sector de ciudadanos de la paz y tranquilidad no puede significar en modo alguno la prohibición de aquellas actividades que nos disgustan y desagradan, pero que realizan otras personas.

 

Y es que prohibir actividades culturales como la tauromaquia o la gallística porque existe un sector de la sociedad hipersensible a las acciones que en ellas se desarrollan, significa invocar abusivamente el derecho al disfrute de la paz y la tranquilidad; con el absurdo, por ejemplo, de prohibir después determinado tipo de cine, teatro, literatura o artes plásticas por la misma condición de hipersensibilidad.

 

Por otro lado, invocar este derecho a la paz y tranquilidad para buscar prohibir una manifestación cultural que no se comparte implica también una mirada egocéntrica y solipsista de la realidad, que supone de manera arbitraria la exclusión de todos los disgustos según el propio canon privado, desconociendo que el ser humano es un ser social, y que tiene el deber de respetar a los demás, lo que incluye el deber de respetar a quienes piensan y actúan distinto en ejercicio de su identidad culturar y libertad individual, y ejercicio regular, porque con ello no se lesiona en modo alguno ningún derecho fundamental.

 

Por último, es importante señalar también que las manifestaciones culturales que se buscan prohibir no le son impuestas a nadie, pues sus cultores tienen plena libertad de ejercitarla o no y sus opositores no están obligados a asistir a los lugares donde éstas tienen lugar.

 

4.       La demanda invoca la vulneración del artículo 2, inciso 24, de la Constitución, norma que refiere: “Toda persona tiene derecho: (…) 24.- A la libertad y a la seguridad personales”. La gallística es una manifestación cultural que en modo alguno puede implicar la afectación de la libertad de los seres humanos. Por ello, esta invocación debe ser desestimada de plano. Y si fuese el caso más bien de que se hubiera querido invocar la libertad individual, ella en modo alguno tampoco se lesiona, porque ni la gallística ni la tauromaquia son actividades obligatorias o impuestas a ninguna colectividad.

 

5.       La demanda invoca la vulneración del artículo 3 de la Constitución, norma que dice: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. En este extremo corresponde ser muy riguroso, porque los nuevos derechos eventualmente a invocarse deben nacer consustancialmente del principio de dignidad humana, y por eso mismo tampoco pueden ser contrarios a él o a otros derechos con los que se cuenta. Es decir, la pretensión de un nuevo derecho tiene que verse en contexto y de manera armónica, mas no aislada, del texto constitucional, ponderando los diferentes derechos y principios igualmente fundamentales. Por ello, una pretensión como la de la demanda supone no solo desconocer los derechos a la identidad cultural y a la libertad individual, sino vulnerarlos arbitrariamente en su contenido.

 

6.       La demanda invoca la vulneración del artículo 105 de la Constitución, norma que dispone: “Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia”. Como ya se ha indicado, la Ley 30407 ha sido producto de un amplio debate y deliberación en el interior de las diferentes instancias parlamentarias.

 

La Ley 30407, que fue aprobada por el Congreso de la República el 19/11/2015 y publicada en el diario oficial El Peruano el 08/01/2016, ha sido la síntesis de doce propuestas legislativas, derivadas para su estudio y deliberación a tres comisiones ordinarias del Congreso de la República, la Agraria, la de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y la de Justicia y Derechos Humanos.

 

Producto del trabajo en las mencionadas comisiones de estudio, se elaboró, discutió y votó un texto sustitutorio consensuado, que fue presentado al Pleno el 19/11/2015. Dicho texto ya contenía como primera disposición complementaria final del proyecto de ley la excepción de los alcances de la norma de las corridas de toros, peleas de toros y la gallística, ente otros espectáculos y manifestaciones de carácter cultural, por lo que no puede sostenerse válidamente que esta previsión no fue deliberada regularmente por los parlamentarios ni dictaminada en las comisiones ordinarias de estudio.

 

La Autógrafa de Ley de Protección y Bienestar Animal fue remitida al Presidente de la República para su promulgación el 16/12/15, y fue finalmente publicada en el diario oficial El Peruano el 08/01/2016.

 

Por todo lo expuesto, queda claro pues que la invocación de lesión al artículo 105 de la Constitución deviene absolutamente impertinente pues, como se ha demostrado, la Ley de Protección y Bienestar Animal no solo ha recibido el dictamen (y estudio previo, se entiende) de una comisión ordinaria del Congreso, sino de tres comisiones ordinarias, y luego sometida la propuesta normativa a la consideración del Pleno, donde se debatió y finalmente votó, siendo inclusive aprobada por unanimidad. No ha existido pues ninguna transgresión del procedimiento parlamentario en la elaboración de dicha ley como incorrectamente se esgrime en la demanda de inconstitucionalidad.

 

II.- La demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada infundada por las siguientes razones:

 

1.       La norma que pretende impugnarse garantiza el derecho a la identidad cultural. La identidad es el conjunto de rasgos y características que nos singularizan, que nos hacen únicos. Al lado de la conocida identidad individual, propia de nuestra realidad genética y cromosómica que nos constituye, está también la identidad colectiva, la que singulariza y da entidad propia a una determinada comunidad por las características, tradiciones y valores que busca reiterar y promover. Las comunidades se construyen sobre la base de identidades colectivas, y es así como surgen en Europa los Estados Nación, como aquellas realidades territoriales construidas y aglutinadas por un conjunto de vínculos comunes entre sí, vínculos de diversa índole como los históricos, sociales, familiares, culturales.

 

Y en este caso, la gallística, desde la historia colonial, y acaso con mayor importancia en nuestros días, es un vínculo de identidad cultural comunal, es un lazo de identificación colectiva a diversa dimensión. Como ya se ha anotado, muchos distritos y provincias de nuestro país tienen en la pelea de gallos una de sus actividades centrales de celebración de aniversarios político comunales o religioso sociales

 

Desde el punto de vista sociológico, cultura es cualquier manifestación humana, que por lo demás suele estimarse como valiosa así como perpetuarse en el tiempo. Como en el caso del derecho a la autonomía privada, el derecho a la identidad cultural tampoco es absoluto, por lo que su ejercicio debe ser respetuoso del ordenamiento jurídico y de los demás derechos fundamentales en juego. De allí que si bien la Constitución reconoce en el inciso 19 del citado artículo 2º que “Toda persona tiene derecho […] 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”, también le indica límites, más precisamente, establece que los derechos fundamentales son su límite: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona” (artículo 149º de la Carta de 1993, énfasis nuestro).

 

En este caso, el ejercicio del derecho a la identidad cultural, que se traduce en la manifestación cultural de la gallística, no viola ningún derecho fundamental a persona, ser humano o sujeto de derecho alguno. Por eso, intentar eliminar la excepción recogida en la Ley 30407, no sobre la base de la protección de derechos de los seres humanos, sino sobre criterios de gustos o disgustos, constituiría evidentemente una agresión al derecho a la identidad cultural de quienes participan de ella.

 

A este respecto conviene recordar que el Estado peruano es parte de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, suscrita en París, el 20/10/ 2005. Existe la obligación estatal, que no puede eludir ninguna entidad pública, de establecer las condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos vinculados con la identidad cultural, desde su grado mínimo que es el de su no obstaculización. En este específico caso, de ampararse la invocación abusiva de los demandantes no solo implicaría poner un límite inválido a las manifestaciones culturales, sino también sería atentatorio del tratado internacional del que el Perú es parte.

 

Como se ha anotado, la gallística, está presente en el imaginario colectivo peruano. Se comparta o no se comparta esta manifestación cultural y la afición, forma parte de la cultura general entender que es una manifestación de la peruanidad. Tanto es así que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, en coauspicio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Biblioteca Nacional del Perú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PromPerú, la Municipalidad Distrital de San Isidro, y el entonces Instituto Nacional de Cultura (ahora, Ministerio de Cultura), organizó el Concurso Patrimonio Inmaterial – UNESCO; y consignó como un rubro en las bases del concurso el siguiente: “II.- El Patrimonio inmaterial a través de los viajeros del siglo XIX; La vendimia: época de recolección y celebración; La pelea de gallos”. No puede, pues, sin más, desconocerse el carácter cultural de una manifestación solamente porque disgusta a un sector.

 

2.       La norma que pretende impugnarse garantiza el derecho a la libertad individual de quienes ejercen la gallística. La libertad individual también recibe los nombres de “autonomía privada”, “libertad general de actuación” o “libre desarrollo de la personalidad”, y consiste en ejercitar la autodeterminación sin interferencia. En términos positivos, este derecho fundamental se encuentra recogido en el inciso 1 del artículo 2º de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho […] 1. A […] su libre desarrollo […]”, como también en el literal a) del inciso 24 del mismo artículo 2º: “Toda persona tiene derecho […] 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: […] a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.

 

Como puede apreciarse, la autonomía privada es el marco que permite el ejercicio de un conjunto de actuaciones y actividades que tienen que ver con la esfera misma de la libertad de cada individuo. Por eso precisamente la famosa cláusula de libertad contenida en el literal a) del inciso 24 del artículo 2º de la Carta de 1993; es decir, los seres humanos podemos hacer todo aquello que estimemos pertinente, salvo desde luego aquellas conductas previamente tipificadas como infracciones. Y, en este caso, la no intromisión estatal es fundamental. No corresponde al Estado juzgar valorativamente el ejercicio de determinada conducta bajo el amparo de la autonomía privada, porque ello supondría la pérdida de esa libertad individual. Pero como dice también el Tribunal Constitucional, no se trata aquí de amparar cualquier ejercicio de facultades o potestades, o de señalar que la autonomía privada no tenga límites, desde luego los tiene en el propio ordenamiento (que estatuye determinadas conductas como infracciones, delitos o faltas), así como también respecto del ejercicio de los demás derechos fundamentales en juego.

 

De esta manera, el ejercicio de las actividades vinculadas con la gallística se sustentan en el derecho a la autonomía privada, donde se estima valioso e importante desplegar y desarrollar tales actuaciones y ejercicios, en tanto que –para usar los términos del Tribunal Constitucional- nos resultan consustanciales a la estructuración y realización de nuestra vida privada y social; conductas todas ellas que no solamente no se encuentran tipificadas como infracciones en ningún extremo de nuestro ordenamiento jurídico, sino que cuyo ejercicio en modo alguno vulnera o lesiona derechos fundamentales de otros seres humanos, que son ellos, de modo exclusivo y no otras entidades, sujetos de derechos. Nos hallamos pues ante el ejercicio de actividades en ámbitos privados, perfectamente lícitas, en modo alguno ilegales, y que no pueden suprimirse por el solo argumento de desagrado para otro grupo que piensa distinto. Los derechos fundamentales, y sobre todo la restricción de su ejercicio, no pueden estar librados a los pareceres, disgustos o prejuicios de quienes opinan diferente. Recordemos aquí, como regla de principio, que un derecho fundamental solo puede ser desplazado por otro derecho fundamental.

 

3.       La norma que pretende impugnarse garantiza el derecho a derecho a participar en forma individual o asociada en la vida cultural de la Nación. Este derecho se encuentra contenido en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución del Estado, e implica la facultad de desplegar actividades culturales, de manera individual o asociada, sin mayores restricciones que las prescripciones propias del ordenamiento, dentro del mismo ejercicio y con las mismas restricciones invocables a los anteriores dos derechos ya mencionados (de autonomía privada e identidad cultural).

 

La gallística es una manifestación cultural de la antigüedad clásica que fue incorporada en nuestra historia nacional como muchas otras tradiciones europeo españolas durante la época de la Conquista. La gallística ancló sus expresiones, costumbres y tradiciones en la Lima virreinal y en las principales capitales de las antiguas corregimientos e intendencias, ahora distritos, provincias y regiones. Fue rápidamente asumida como una actividad de fervor cultural, vinculada con las principales celebraciones de la vida comunitaria. Esta expresión se da sobre todo en las provincias, en donde las peleas de gallos –sin lugar a dudas– forman parte de las actividades centrales por el aniversario distrital o provincial, o acompaña la fecha central de índole religiosa. Y esta tradición se mantiene con plena vigencia hasta nuestros días.

 

Esta manifestación cultural ha sido reconocida por diferentes instancias a nivel de gobiernos regionales, provinciales y locales, donde se promueve y promociona no solo la actividad de la gallística, sino que se reconoce su indesligable tradición acendrada en las actividades culturales, sociales, económicas y turísticas de tales regiones y circunscripciones. Como puede apreciarse, la tradición de la gallística tiene un profundo arraigo popular, y forma parte de las costumbres más apreciadas de los distintos pueblos y regiones del país. La fiesta de los gallos tiene un orden central, por ejemplo, en los festejos de una comunidad, sin distinción de clases económicas o sociales.

 

Es importante recordar aquí que ya el Tribunal Constitucional, corrigiendo su anterior postura[1], ha establecido en el caso 00017-2010-PI/TC el carácter cultural para las corridas de toros. De acuerdo con nuestro alto colegiado “A juicio de este Tribunal, la actividad taurina es en nuestro país una manifestación cultural, traída con la conquista española e incorporada a nuestro acervo cultural por una afición de siglos, que se manifiesta en fiestas conmemorativas en Lima y diversas provincias del Perú, como veremos más adelante. De este modo, puede decirse que, aunque española en su origen, la tauromaquia (el “arte” de lidiar toros, según la definición del Diccionario de la Real Academia) se ha incorporado a nuestra cultura mestiza y es una expresión artística que forma parte de la diversidad cultural del Perú”[2] (el énfasis es nuestro).

 

Por ello, si bien “es sabido que la actividad taurina es rechazada por un sector de la población. Sin embargo, como es evidente, la reprobación de ciertos sectores a las prácticas con animales que se lleven a cabo al interior de un espectáculo, no le hace perder su condición de cultural, si éste es el que le corresponde”[3].

 

La claridad en este punto del Tribunal Constitucional es de resaltar: “Como es evidente, una persona que esté en desacuerdo con los espectáculos taurinos podrá no asistir a ellos, como también debe ser libre y voluntaria su  concurrencia, por ejercicio en ambos casos del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que, según ha reconocido este Tribunal, es un “derecho fundamental innominado o implícito que se deriva o funda en el principio fundamental de dignidad de la persona (arts. 1 y 3, Constitución)” (Exp. Nº 007-2006-PI/TC, fundamento 47). Por tanto, no podría alegarse la afectación a derecho constitucional alguno por la sola oferta de los espectáculos taurinos, mientras no se coaccione la asistencia a ellos”[4].

 

También es importante destacar que el Tribunal Constitucional ha precisado también en los casos acumulados 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC que “el artículo 43º de la Constitución reconoce al Perú como una República democrática. En el principio democrático residen valores constitucionales como el pluralismo, la tolerancia y el respeto por la costumbre, idiosincrasia y cosmovisión ajena. En tal sentido, el hecho de que por efecto de la diversidad cultural constitucionalmente reconocida, diversos rasgos espirituales y materiales se concreticen en grupos minoritarios, no puede ser razón válida para desconocer o, peor aún, menoscabar sus legítimas manifestaciones” [5]. De allí, por ejemplo, que una consulta popular de referéndum sobre esta materia significaría no solo el desconocimiento de la diversidad cultural de nuestra país, sino el eclipsamiento por la tiranía del número de los derechos de las minorías culturales, donde los disgustos y prejuicios –antes que los derechos fundamentales o los bienes jurídicos involucrados, que en modo alguno pueden ser de aplicación al caso- son el criterio para desconocerlos.

 

4.       La norma que pretende impugnarse garantiza el derecho a la libertad de empresa de las personas que ejercen y se vinculan con la gallística, que aglutina en su centro un conjunto de actividades sociales, culturales y económicas. La gallística requiere de unos ambientes adecuados, los galpones, de una logística apropiada en términos de infraestructura, alimentación y recursos humanos. Detrás de cada pelea de gallos está un criador que ofrece sus mejores esfuerzos de tiempo y dinero en conseguir la nobleza de una estirpe, pero no solamente él, sino también está el conjunto de personas que desarrollan actividades vinculadas directa e indirectamente con la gallística: galponeros, amarradores, preparadores, careadores, nutricionistas, agricultores, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, zootecnistas, artesanos, fabricantes de alimento balanceado e implementos, marketeros, administradores, y un largo etcétera.

 

5.       En la actualidad, la gallística se encuentra organizada en más de un centenar de asociaciones de alcance provincial, regional y nacional. Asimismo, una muestra palmaria del alcance de la gallística en la realidad nacional peruana se expresa en la existencia de casi 1600 coliseos de gallos en el Perú. Cada coliseo no solamente es la estructura física, y todo lo que ella significa, sino también el importante número de actividades directas e indirectamente relacionadas con la gallística, desde el personal técnico hasta quien brinda servicios como alimentación, seguridad, etc. Así, existen coliseos de gallos en 23 de las 24 regiones del país.

 

Además de ello, es importante también resaltar que existen, cuando menos, nueve plantas de alimentos especializado para gallos de pelea.

 

6.       La norma que pretende impugnarse garantiza el derecho a la libertad de trabajo de quienes desarrollan las actividades de la gallística o vinculadas con ella. En este caso, de ampararse la demanda, se violaría también el derecho a la igualdad en el sentido de que se aplicaría unos criterios que, si bien son respetables para determinados grupos, no son válidos para todos los grupos; y sobre esa base de criterios se desconoce la identidad cultural y el carácter histórico de la gallística. En otros términos, aplicar una prohibición absoluta como la que se plantea supone desconocer las especificidades de otros sectores y, sobre todo, los derechos que se ejercen en dichas comunidades, cuyas singularidades se pretenden desconocer. Por eso es que se viola la igualdad, porque se persigue otorgar un mismo trato a grupos diferentes, y se desconoce que la opción animalista, por decirlo de algún modo, es tan válida como la opción por la gallística; por lo que desconocer ese matiz, y en su lugar construir un criterio monocorde, lesiona la igualdad de los grupos discrepantes.

 

7.       Declarar fundada la demanda implica desconocer nuestro derecho a un debido proceso sustantivo de interdicción de la arbitrariedad. Declarar fundada la demanda supondría amparar las consideraciones arbitrarias contenidas en ella. El hecho de que a un grupo de personas no les guste determinadas actividades culturales no puede implicar que ellas deban ser desconocidas y penalizadas, porque si no, se regresa al periodo histórico ya superado en el cual el ejercicio de los derechos estaba supeditado a los gustos o disgustos de los grupos mayoritarios.

 

III.- El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre el carácter cultural de la tauromaquia y la gallística:

 

1.       El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la condición de manifestación cultural de la tauromaquia en el Expediente 00017-2010-PI/TC, en el sentido que acogió las consideraciones vertidas por el demandante sobre la citada tauromaquia y la gallística.

 

2.       En consecuencia, si bien no con carácter de precedente constitucional, pero sí con el de jurisprudencia constitucional o doctrina constitucional, al amparo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, para el supremo intérprete de la Constitución, la tauromaquia, y por ende la gallística, son manifestaciones culturales.

 

POR LO TANTO:

Sobre la base de todas las consideraciones expuestas, la demanda de inconstitucionalidad contra la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, debe ser declarada infundada, no solo porque dicha disposición no contiene ninguna inconstitucionalidad formal o material, directa o indirecta, sino, fundamentalmente, porque de ampararse dicha pretensión sí se vulnerarían más bien los derechos fundamentales de un importante sector de peruanos y peruanas vinculados con las actividades culturales taurina y gallística.

Con respecto al tema económico en el 2012 información existente en el congreso manifiesta que éramos 659 coliseos a nivel nacional mientras que en el 2018 1600 coliseos y a febrero del 2019 1664 Coliseos lo cual demuestra que esto crece y mucho

Actualmente se invierte solo en granos 1045 millones de soles

Hay una población de 17 millones de aves de pelea

No existe departamento en donde no se pelean gallos en el Perú

Es la única manifestación cultural que se da en los 24 departamentos y en la provincia constitucional.

El Gallo a Navaja Peruano es una raza única e incluso el Patronato del Parque de las Leyendas la reconoce y la tiene dentro de su exposición. Esta Raza es peruana como el caballo de paso peruano y si se prohíbe su pelea o el uso de navaja aquí si desaparece una raza autóctona y única. Cabe precisar que la pelea es el método de selección de esta especie.

Existen Reglamentos en los cuales no solo se cuida al gallo sino que se pone límite de tiempo en la pelea y hay pleno respeto por la ley 30407 y las normas de bienestar animal vigentes asi mismo el SENASA se encarga de controlar lo referente a las pautas de sanidad animal que se deben emplear como por ejm en aves comerciales por metro cuadrado se colocan entre 8 a 14 pollos de carne o 6 gallinas de postura según parámetros técnicos mientras que en gallos de pelea solo se coloca 1 gallo.

Las aves comerciales el pollo de carne vive 38 días el gallo de pelea 1 año mínimo.

 



[1] Recogida en el caso signado con expediente 0042-2004-AI/TC.
[2] Expediente 00017-2010-PI/TC, fundamento 23.
[3] Expediente N.° 00017-2010-PI/TC, fundamento 30.
[4] Expediente 00017-2010-PI/TC, fundamento 32.
[5] Expedientes acumulados 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC, fundamento 100.


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