Elijamos democráticamente a los jueces en el Perú

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El estado de derecho es un bien que pertenece a toda la sociedad, cuando es dañado en alguna forma, también la sociedad es perjudicada. Cuando no está vigente, se establece la ley de la selva, con lo cual todos somos afectados gravemente en nuestras posibilidades de progreso y desarrollo.
No puede haber un estado de derecho que satisfaga las necesidades de nuestra sociedad si es que las leyes y los reglamentos no se cumplen. Y esta tarea es algo que sin duda le compete al poder judicial; principalmente. Aunque no exclusivamente.
Sin embargo el poder judicial en nuestro país está lamentablemente discapacitado para cumplir las importantísimas funciones que la sociedad le asigna.
El origen de su discapacidad está, tanto en las actuaciones personales de cada uno de sus miembros como en los criterios usuales, en los cuales, de hecho, fundamenta su existencia y funcionamiento.


Acerca de éstos puedo mencionar lo siguiente:

1. A pesar de que nuestra constitución del 93 dice claramente en su artículo 138.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” Ésto, no se cumple.
2. La demostración de ello se hace evidente si leemos los artículos:
Artículo 139°.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: en el inciso 17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
Artículo 152°.- Jueces de Paz y de Primera Instancia
Los Jueces de Paz provienen de elección popular. Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración en sus cargos, son normados por ley. La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes.
3. En los 24 años de vigencia de la constitución, a pesar de que hemos tenido 7 presidentes que al asumir su cargo juraron cumplirla, nuestro poder judicial se ha mantenido antidemocrático, burocratizado, abusivo y de espaldas a las necesidades de nuestra realidad.
4. La ineficacia, ineficiencia e ineptitud de nuestra sociedad para controlar a los delincuentes que tienen secuestrado a nuestro país y su gente, tiene como una de sus principales causas, un poder judicial propio del siglo 19 o 18, en pleno siglo 21.

Como podemos deducir fácilmente, después de los argumentos presentados, si hay algo que necesitamos urgentemente para sanar y reforzar nuestro estado de derecho. Y atender el problema de la seguridad ciudadana, es; una reforma profunda de nuestro poder judicial.

Para ello, los ciudadanos debemos elegir nuestros jueces, de manera directa (Jueces de paz letrados y no letrados. Y jueces de primera instancia). Ya que lo primero, lo manda la constitución y lo segundo, lo permite.

Los demás jueces podremos elegirlos después, democráticamente, de manera indirecta o directa; si es que  reformamos la constitución.



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