La campaña de salvar Marroquíes Bajos ha llegado al punto de inflexión.

Muy pocos que alertábamos y a cambio recibíamos señalamientos y represalias incluso judiciales.

La apariencia de aislamiento era algo más que una apariencia: era un protocolo de actuación desde el poder hacia el disidente.

Políticos, policías, patricios y tribunos se coordinaban para aislar, difundir mala imagen, comprometer la salud y la estima del alentador.

Incluso no dudaron en rehacer un proceso judicial amañado por una juez para en un auto extravagante decretar la no ejecución de una sentencia y condenar en costas al alertador.

En cifras redondas un coste de 6000€ por osar poner en valor un Bien de Interés Cultural con nivel de protección integral declarado a conservar.

En primer lugar hemos pedido a la juez que facilite la cuenta donde abonar las costas judiciales de la parte contraria..

Las nuestras ya las hemos satisfecho.

En un segundo paso vamos a exigir a la Justicia que abra diligencias por prevaricación contra la juez que actuó armando una resolución con una prueba inexistente.

Pedimos tu colaboración en la campaña.