Nadie ha dicho que sea un camino de gloria el poner en evidencia unos hechos contrastables de expolio sobre 130 Ha de Patrimonio Cultural protegido.

Más cuando existen intereses inmediatos por parte de poderes fácticos:  políticos de la junta de Andalucía  y Ayuntamiento de Jaén de todo color, funcionarios afectos al riego del hormigón, constructores, y si era poco ahora también el presidente de la Audiencia de Jaén. Este último comprometiéndose en llevar a cabo con los anteriores la Ciudad de la Justicia sobre un Bien de Interés Cultural que goza de nivel de protección integral.

Ante el hecho de destruir el patrimonio en beneficio de promotores urbanísticos, y la inacción del estado de derecho en impedirlo sólo cabe ya una teoría: la prevaricación y los fraudes procesales en todo lo relacionado a la Zona Arqueológica Marroquíes Bajos y la corrupción urbanística llegando al más alto nivel andaluz: la Fiscalía Especial de  Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio.

Esta autoridad si no ve lo evidente ¿será por alguna explicación no dada a conocer que la mueve a no actuar? y pretender que seamos los alertadores quienes además sufraguemos una cadena perpetua de procedimientos judiciales contra los actores del expolio.

El magistrado de la Audiencia José Juan Sáenz Soubrier va más allá, quizá por no estar al día de lo que sucede en la provincia donde actualmente ejerce, inicia una campaña contra quien alerta a las autoridades y policía sobre el expolio.

El magistrado Sáenz Soubrier inicia de oficio dos cuestiones de dudosísima justicia:

- una prospección gratuita contra el denunciante, emitiendo informes que no le competen contra el alertador.

- evacuar un auto donde intenta implicar a Fiscalía, presidente de la Audiencia y juez de instrucción en una represalia judicial contra el denunciante.

Nuna se dijo que denunciar corrupción sea una actividad fácil y placentera, al contrario es bastante ingrata.

Nunca se dijo que en la batalla de David contra Goliat, fuera a acabar con la cabeza de David en el mástil de una pica.

Pero ante una evidencia de delitos de moqueta blindados y acorazados, cabe que la Ciencia del Derecho y la Justicia pongan un nombre al suceso, el que propongo es corrupción por prevaricación judicial, con consecuencias de represalias contra el denunciante.

Siempre es bueno que se sepa. El

papel de los juzgados no debe sostener cualquier auto sospechoso de injusto y ¡que no se sepa!