La mayor parte de la ciudadanía no hemos generado esta crisis. Los concejos y las Juntas Vecinales no tienen deudas. Los alcaldes y alcaldesas pedáneos no cobran un euro por su dedicación, su trabajo y sus esfuerzos, la gestión que realizan es racional, eficiente y no despilfarradora y, sin embargo quieren que sea el mundo rural el que pague los despilfarros, la corrupción y las deudas que a otros han estado beneficiando.
Si no evitamos que aprueben esta ley:
*.- Los pueblos perderán la titularidad de su patrimonio, que pasará a los ayuntamientos.
*.- Se cometerá un atentado directo contra los concejos: los habitantes de los pueblos perderán también la capacidad democrática de decidir sobre la gestión de su patrimonio, sus aprovechamientos y algunos servicios públicos.
*.- Se perderá la personalidad jurídica de las Juntas Vecinales.

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Más información en la página web de la plataforma en defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y en la del 15M de León.

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