Cobros que no corresponden. Servicio que no responde. Usuarios sin solución.

Un inmueble sin habitar acumuló un adeudo desproporcionado derivado de una supuesta fuga no visible que nunca fue alertada. No hubo prevención ni verificación oportuna. En su lugar, hubo lecturas estimadas, un convenio a nueve meses imposible de cubrir y, finalmente, la limitación del servicio.

Pero este no es el único problema.

Si bien es de conocimiento público que la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan), se encuentra en proceso de revisión por las autoridades competentes, las condiciones en la prestación del servicio han generado afectaciones severas para los usuarios, particularmente en su economía familiar.

Mientras tanto, en redes sociales, la concesionaria Aguakan presume campañas de cuidado del agua y avances de infraestructura.

Dos realidades que no coinciden: la del discurso institucional y la de quienes enfrentamos cobros que no corresponden a la realidad.

Y este no es un caso aislado.

Cientos de usuarios en Quintana Roo —particularmente en los municipios donde opera Aguakan— enfrentamos una problemática más amplia:

No solo se trata de fugas no visibles.

Se trata de un sistema que está generando cobros desproporcionados sin soluciones efectivas. 

En la práctica, los casos coinciden en lo mismo:

• consumos atípicos sin alertas 
• posibles fugas no visibles y medición que continúa aun sin consumo aparente (usuarios refieren que “solo pasa aire”) 
• meses sin servicio o con suministro limitado, pero con cobros activos 
• facturación basada en estimaciones 
• recibos con incrementos abruptos e injustificados 
• ausencia de canales reales de solución 
• convenios estandarizados inviables 
• limitación del servicio sin resolver el origen del problema

Además, las herramientas digitales no cumplen su función: la app no permite monitorear el consumo de forma clara, el portal es confuso o presenta fallas, y trámites que se anuncian en línea terminan resolviéndose de manera presencial.

¿Dónde está la tecnología que supuestamente está al alcance del usuario?

¿Dónde está la prevención?

¿Dónde están las soluciones?

Aunque instancias y autoridades solicitan presentar escritos y dar seguimiento formal —incluso mediante procesos legales costosos—, las respuestas de fondo no llegan.

Mientras tanto, la deuda sigue creciendo.

Una problemática estructural

Hoy, los usuarios estamos en una posición clara: sin herramientas efectivas para prevenir, sin respuestas institucionales y con adeudos que aumentan con el tiempo.

Esto abre preguntas inevitables: 

• ¿Dónde está PROFECO ante posibles violaciones a los artículos 7 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor?
• ¿A quién se protege cuando no hay respuesta?
• ¿Por qué ninguna autoridad interviene?
• ¿Quién tiene el control: el Estado o la concesionaria?

No pedimos dejar de pagar. Exigimos pagar lo justo.

La problemática expuesta requiere atención inmediata. No es viable esperar a procesos de revisión de concesión cuando las afectaciones económicas a los usuarios son actuales y severas.

Por ello, exigimos:

• Intervención inmediata de autoridades estatales y federales
• Programas reales de regularización, viables para todos los afectados
• Esquemas proporcionales, no soluciones estándar que no consideran la magnitud del problema
• mecanismos efectivos de prevención
• Garantía de trato digno y adecuado al usuario

Las solicitudes que se plantean no tienen por objeto remitir a los usuarios a instancias adicionales, tales como PROFECO, CAPA o áreas de atención ciudadana, ni reproducir procedimientos que, en la práctica, han resultado insuficientes para la resolución de los casos. Se requiere una respuesta institucional coordinada, eficaz y orientada a resultados, que se traduzca en soluciones concretas, evitando dilaciones, canalizaciones innecesarias o la reiteración de procesos que no han garantizado la protección efectiva de los derechos de los usuarios. Asimismo, se solicita que las autoridades federales y estatales emitan una respuesta pública, clara y verificable respecto de las solicitudes que se plantean enla presente petición, estableciendo plazos definidos para su atención y resolución, así como mecanismos de seguimiento.

Esto no puede seguir así
El acceso al agua es un derecho.
No puede depender de cobros desproporcionados, procesos que no resuelven y sistemas que no funcionan.

Si estás viviendo algo similar, no estás solo.

Firma esta petición.
Haz visible esta situación.

Necesitamos cifras que demuestren las anomalías
Registra tu caso

EXIGIMOS SOLUCIONES, NO SILENCIO

El acceso al agua no puede depender de la capacidad de pago frente a cobros desproporcionados, ni de la falta de supervisión.

Es momento de que las autoridades actúen.
Y de que los usuarios sean escuchados.

#AltoACobrosExcesivosAguakan