SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA PARA COLOMBIA
SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA PARA COLOMBIA
El problema
Bogotá D. C., 11 de agosto de 2026
Señor
ANTÓNIO GUTERRES
Secretario General de las Naciones Unidas
Señora
MARÍA JOSÉ TORRES MACHO
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia
Señor
TOM FLETCHER
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia – OCHA
Organización de las Naciones Unidas
Asunto: Solicitud ciudadana urgente de intervención y asistencia humanitaria internacional ante la inercia, insuficiencia y falta de coordinación del Gobierno entrante frente al terremoto ocurrido en Colombia.
Respetados representantes de las Naciones Unidas:
Las ciudadanas y los ciudadanos que suscribimos esta comunicación acudimos urgentemente ante la Organización de las Naciones Unidas porque Colombia atraviesa una tragedia de enormes proporciones y, frente a ella, el Gobierno entrante no ha demostrado hasta el momento una capacidad de reacción correspondiente con la gravedad de los hechos.
Mientras aumenta el número de personas fallecidas, heridas y desaparecidas; mientras cientos de familias buscan desesperadamente a sus seres queridos; y mientras comunidades enteras permanecen sin agua, alimentos, medicamentos, atención médica, comunicaciones ni un lugar seguro donde refugiarse, la respuesta del Gobierno nacional ha sido lenta, fragmentada, confusa e insuficiente.
No podemos aceptar que las primeras horas, determinantes para encontrar sobrevivientes, se pierdan entre vacíos de coordinación, demoras administrativas, ausencia de información consolidada y falta de decisiones oportunas.
El Gobierno entrante recibió la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la integridad y la dignidad de todos los habitantes del territorio nacional. Una emergencia de esta magnitud no admite improvisaciones, excusas derivadas de la transición política, disputas burocráticas ni vacíos de dirección. Gobernar significa responder, y hacerlo con eficacia, transparencia, humanidad y sentido de urgencia.
Frente a esta inercia gubernamental, la ciudadanía no puede permanecer inmóvil. No podemos ser simples espectadores mientras se apagan vidas bajo los escombros y miles de personas esperan una ayuda que no llega con la rapidez necesaria. Por ello acudimos directamente a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional.
No se trata de reemplazar al Estado colombiano ni de desconocer nuestra soberanía. Se trata de impedir que la incapacidad de reacción, la falta de coordinación o las deficiencias propias del inicio de un nuevo gobierno terminen traduciéndose en más muertes, más sufrimiento y mayor abandono.
El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del territorio colombiano. Los daños han sido especialmente graves en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
Según los balances preliminares conocidos durante la tarde del 11 de agosto de 2026, la tragedia había dejado al menos 240 personas fallecidas y más de 1.300 heridas. Estas cifras continúan en verificación y pueden aumentar conforme los equipos de búsqueda y rescate logren acceder a municipios, veredas y comunidades rurales que permanecen incomunicadas o sobre las cuales todavía no existe información suficiente.
Resulta especialmente preocupante que, transcurridas horas decisivas desde el terremoto, el país todavía no cuente con un balance nacional único, actualizado, completo y públicamente verificable sobre personas fallecidas, heridas, desaparecidas, rescatadas y damnificadas.
Esta ausencia de información no constituye una simple falla de comunicación. Es una manifestación concreta de la desarticulación institucional que afecta la respuesta a la emergencia. Sin información confiable no es posible establecer prioridades, distribuir adecuadamente los recursos, orientar a las familias ni garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
Detrás de cada cifra existe una persona. Hay madres y padres buscando a sus hijos; niñas y niños que han perdido sus hogares; pacientes evacuados de hospitales; personas mayores sin protección; comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales esperando ayuda; y familias enteras obligadas a pasar la noche a la intemperie.
Reconocemos el trabajo valiente de bomberos, rescatistas, profesionales de la salud, organismos de socorro, autoridades territoriales, integrantes de la fuerza pública, voluntarios y ciudadanos. Muchos están trabajando sin descanso y, en ocasiones, sin los equipos, recursos ni apoyos suficientes.
Precisamente por respeto a ese esfuerzo debemos señalar que el heroísmo individual no puede convertirse en una excusa para ocultar la falta de una dirección nacional eficaz. La solidaridad ciudadana no puede sustituir indefinidamente las obligaciones del Gobierno. Tampoco es aceptable trasladar a las comunidades la carga de resolver, con sus propias manos y recursos, una emergencia que exige toda la capacidad institucional del Estado.
Ante este panorama, solicitamos a la Organización de las Naciones Unidas:
1. Fortalecer inmediatamente la presencia y la capacidad operativa del Equipo Humanitario de País y de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas competentes.
2. Ofrecer y movilizar equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate, atención médica de emergencia, logística humanitaria y evaluación de daños.
3. Establecer, en coordinación con las autoridades territoriales y los organismos de socorro, corredores humanitarios que permitan llevar ayuda a las comunidades aisladas.
4. Facilitar el suministro urgente de agua potable, alimentos, medicamentos, sangre, elementos de primeros auxilios, carpas, cobijas, colchonetas, plantas eléctricas y equipos de comunicación.
5. Apoyar la atención hospitalaria y la evacuación de personas heridas, especialmente en lugares donde la infraestructura de salud haya colapsado o se encuentre seriamente afectada.
6. Priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes; personas mayores; mujeres gestantes y lactantes; personas con discapacidad; comunidades indígenas y afrocolombianas; población rural; migrantes y familias que hayan perdido sus viviendas.
7. Brindar acompañamiento psicológico y atención en salud mental para las víctimas, sus familias, los rescatistas y las comunidades afectadas.
8. Realizar o acompañar una evaluación técnica, territorial e independiente de los daños y necesidades, incluyendo municipios, veredas y comunidades apartadas que todavía no aparezcan en los balances nacionales.
9. Promover un sistema público y verificable de información que actualice periódicamente el número de personas fallecidas, heridas, desaparecidas, rescatadas y damnificadas.
10. Establecer mecanismos de transparencia y trazabilidad que permitan conocer qué recursos ingresan, quién los administra, dónde se almacenan y a qué comunidades son entregados.
11. Acompañar la reconstrucción para evitar que la emergencia sea utilizada con fines políticos, electorales, burocráticos o contractuales, y para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las víctimas.
12. Mantener observación humanitaria sobre la respuesta del Estado colombiano y advertir públicamente cualquier retraso, discriminación, abandono territorial o utilización indebida de la ayuda.
Nuestra petición nace de una convicción sencilla pero inaplazable: cuando un gobierno no responde con la velocidad y eficacia que exige una tragedia, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de buscar apoyo en la comunidad internacional.
No pedimos una intervención que sustituya las instituciones colombianas. Pedimos una presencia humanitaria que ayude a salvar vidas, que vigile la distribución de la ayuda y que acompañe a las comunidades mientras el Gobierno entrante supera su evidente falta de preparación y asume plenamente sus responsabilidades.
Las víctimas no pueden esperar a que termine el proceso de empalme. No pueden esperar a que se definan cargos, equipos, competencias o responsabilidades. No pueden esperar a que el Gobierno encuentre una narrativa para explicar sus demoras. Bajo los escombros, cada minuto cuenta.
La soberanía nacional no puede invocarse como una barrera para la solidaridad ni como una excusa para encubrir la ineficiencia. La verdadera soberanía se demuestra protegiendo la vida y la dignidad de la población, especialmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad.
Por eso acudimos a las Naciones Unidas. Acudimos porque la vida humana está por encima de cualquier cálculo político. Acudimos porque las comunidades afectadas necesitan respuestas y no discursos. Acudimos porque el silencio institucional y la demora pueden costar nuevas vidas.
Solicitamos que esta comunicación sea recibida como un llamado ciudadano urgente y como una advertencia humanitaria frente a las consecuencias que puede producir la falta de una reacción gubernamental suficiente.
Pedimos una respuesta pronta, concreta y verificable. Solicitamos que las Naciones Unidas informen públicamente las medidas adoptadas, los recursos movilizados y los canales seguros mediante los cuales ciudadanos, organizaciones y gobiernos extranjeros puedan contribuir.
Colombia necesita ayuda ahora. Las víctimas no pueden seguir esperando.
Atentamente,
CIUDADANAS Y CIUDADANOS FIRMANTES
3528
El problema
Bogotá D. C., 11 de agosto de 2026
Señor
ANTÓNIO GUTERRES
Secretario General de las Naciones Unidas
Señora
MARÍA JOSÉ TORRES MACHO
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia
Señor
TOM FLETCHER
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia – OCHA
Organización de las Naciones Unidas
Asunto: Solicitud ciudadana urgente de intervención y asistencia humanitaria internacional ante la inercia, insuficiencia y falta de coordinación del Gobierno entrante frente al terremoto ocurrido en Colombia.
Respetados representantes de las Naciones Unidas:
Las ciudadanas y los ciudadanos que suscribimos esta comunicación acudimos urgentemente ante la Organización de las Naciones Unidas porque Colombia atraviesa una tragedia de enormes proporciones y, frente a ella, el Gobierno entrante no ha demostrado hasta el momento una capacidad de reacción correspondiente con la gravedad de los hechos.
Mientras aumenta el número de personas fallecidas, heridas y desaparecidas; mientras cientos de familias buscan desesperadamente a sus seres queridos; y mientras comunidades enteras permanecen sin agua, alimentos, medicamentos, atención médica, comunicaciones ni un lugar seguro donde refugiarse, la respuesta del Gobierno nacional ha sido lenta, fragmentada, confusa e insuficiente.
No podemos aceptar que las primeras horas, determinantes para encontrar sobrevivientes, se pierdan entre vacíos de coordinación, demoras administrativas, ausencia de información consolidada y falta de decisiones oportunas.
El Gobierno entrante recibió la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la integridad y la dignidad de todos los habitantes del territorio nacional. Una emergencia de esta magnitud no admite improvisaciones, excusas derivadas de la transición política, disputas burocráticas ni vacíos de dirección. Gobernar significa responder, y hacerlo con eficacia, transparencia, humanidad y sentido de urgencia.
Frente a esta inercia gubernamental, la ciudadanía no puede permanecer inmóvil. No podemos ser simples espectadores mientras se apagan vidas bajo los escombros y miles de personas esperan una ayuda que no llega con la rapidez necesaria. Por ello acudimos directamente a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional.
No se trata de reemplazar al Estado colombiano ni de desconocer nuestra soberanía. Se trata de impedir que la incapacidad de reacción, la falta de coordinación o las deficiencias propias del inicio de un nuevo gobierno terminen traduciéndose en más muertes, más sufrimiento y mayor abandono.
El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del territorio colombiano. Los daños han sido especialmente graves en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
Según los balances preliminares conocidos durante la tarde del 11 de agosto de 2026, la tragedia había dejado al menos 240 personas fallecidas y más de 1.300 heridas. Estas cifras continúan en verificación y pueden aumentar conforme los equipos de búsqueda y rescate logren acceder a municipios, veredas y comunidades rurales que permanecen incomunicadas o sobre las cuales todavía no existe información suficiente.
Resulta especialmente preocupante que, transcurridas horas decisivas desde el terremoto, el país todavía no cuente con un balance nacional único, actualizado, completo y públicamente verificable sobre personas fallecidas, heridas, desaparecidas, rescatadas y damnificadas.
Esta ausencia de información no constituye una simple falla de comunicación. Es una manifestación concreta de la desarticulación institucional que afecta la respuesta a la emergencia. Sin información confiable no es posible establecer prioridades, distribuir adecuadamente los recursos, orientar a las familias ni garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
Detrás de cada cifra existe una persona. Hay madres y padres buscando a sus hijos; niñas y niños que han perdido sus hogares; pacientes evacuados de hospitales; personas mayores sin protección; comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales esperando ayuda; y familias enteras obligadas a pasar la noche a la intemperie.
Reconocemos el trabajo valiente de bomberos, rescatistas, profesionales de la salud, organismos de socorro, autoridades territoriales, integrantes de la fuerza pública, voluntarios y ciudadanos. Muchos están trabajando sin descanso y, en ocasiones, sin los equipos, recursos ni apoyos suficientes.
Precisamente por respeto a ese esfuerzo debemos señalar que el heroísmo individual no puede convertirse en una excusa para ocultar la falta de una dirección nacional eficaz. La solidaridad ciudadana no puede sustituir indefinidamente las obligaciones del Gobierno. Tampoco es aceptable trasladar a las comunidades la carga de resolver, con sus propias manos y recursos, una emergencia que exige toda la capacidad institucional del Estado.
Ante este panorama, solicitamos a la Organización de las Naciones Unidas:
1. Fortalecer inmediatamente la presencia y la capacidad operativa del Equipo Humanitario de País y de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas competentes.
2. Ofrecer y movilizar equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate, atención médica de emergencia, logística humanitaria y evaluación de daños.
3. Establecer, en coordinación con las autoridades territoriales y los organismos de socorro, corredores humanitarios que permitan llevar ayuda a las comunidades aisladas.
4. Facilitar el suministro urgente de agua potable, alimentos, medicamentos, sangre, elementos de primeros auxilios, carpas, cobijas, colchonetas, plantas eléctricas y equipos de comunicación.
5. Apoyar la atención hospitalaria y la evacuación de personas heridas, especialmente en lugares donde la infraestructura de salud haya colapsado o se encuentre seriamente afectada.
6. Priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes; personas mayores; mujeres gestantes y lactantes; personas con discapacidad; comunidades indígenas y afrocolombianas; población rural; migrantes y familias que hayan perdido sus viviendas.
7. Brindar acompañamiento psicológico y atención en salud mental para las víctimas, sus familias, los rescatistas y las comunidades afectadas.
8. Realizar o acompañar una evaluación técnica, territorial e independiente de los daños y necesidades, incluyendo municipios, veredas y comunidades apartadas que todavía no aparezcan en los balances nacionales.
9. Promover un sistema público y verificable de información que actualice periódicamente el número de personas fallecidas, heridas, desaparecidas, rescatadas y damnificadas.
10. Establecer mecanismos de transparencia y trazabilidad que permitan conocer qué recursos ingresan, quién los administra, dónde se almacenan y a qué comunidades son entregados.
11. Acompañar la reconstrucción para evitar que la emergencia sea utilizada con fines políticos, electorales, burocráticos o contractuales, y para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las víctimas.
12. Mantener observación humanitaria sobre la respuesta del Estado colombiano y advertir públicamente cualquier retraso, discriminación, abandono territorial o utilización indebida de la ayuda.
Nuestra petición nace de una convicción sencilla pero inaplazable: cuando un gobierno no responde con la velocidad y eficacia que exige una tragedia, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de buscar apoyo en la comunidad internacional.
No pedimos una intervención que sustituya las instituciones colombianas. Pedimos una presencia humanitaria que ayude a salvar vidas, que vigile la distribución de la ayuda y que acompañe a las comunidades mientras el Gobierno entrante supera su evidente falta de preparación y asume plenamente sus responsabilidades.
Las víctimas no pueden esperar a que termine el proceso de empalme. No pueden esperar a que se definan cargos, equipos, competencias o responsabilidades. No pueden esperar a que el Gobierno encuentre una narrativa para explicar sus demoras. Bajo los escombros, cada minuto cuenta.
La soberanía nacional no puede invocarse como una barrera para la solidaridad ni como una excusa para encubrir la ineficiencia. La verdadera soberanía se demuestra protegiendo la vida y la dignidad de la población, especialmente en sus momentos de mayor vulnerabilidad.
Por eso acudimos a las Naciones Unidas. Acudimos porque la vida humana está por encima de cualquier cálculo político. Acudimos porque las comunidades afectadas necesitan respuestas y no discursos. Acudimos porque el silencio institucional y la demora pueden costar nuevas vidas.
Solicitamos que esta comunicación sea recibida como un llamado ciudadano urgente y como una advertencia humanitaria frente a las consecuencias que puede producir la falta de una reacción gubernamental suficiente.
Pedimos una respuesta pronta, concreta y verificable. Solicitamos que las Naciones Unidas informen públicamente las medidas adoptadas, los recursos movilizados y los canales seguros mediante los cuales ciudadanos, organizaciones y gobiernos extranjeros puedan contribuir.
Colombia necesita ayuda ahora. Las víctimas no pueden seguir esperando.
Atentamente,
CIUDADANAS Y CIUDADANOS FIRMANTES
Opiniones de firmantes
Actualizaciones de la petición
Compartir esta petición
Petición creada en 11 de agosto de 2026