La administración del Estado peruano gestiona recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Cada sol del presupuesto nacional proviene de nuestros impuestos y debe ser administrado con la máxima responsabilidad, capacidad técnica y ética.

Sin embargo, en los últimos años hemos observado una preocupante reducción de los requisitos académicos y técnicos para acceder a altos cargos públicos, especialmente aquellos vinculados a funciones de dirección, gestión y toma de decisiones.

La disminución de estándares:

-Debilita la meritocracia.
-Reduce la calidad del servicio público.
-Compromete la correcta utilización del presupuesto nacional.
-Afecta la confianza ciudadana en las instituciones.
-No podemos permitir que la falta de idoneidad o la mediocridad se conviertan en la norma para gestionar los recursos que pertenecen a todos los peruanos.

Asimismo, el plagio académico o profesional constituye una falta grave. No se trata de un error menor, sino de una conducta que vulnera la ética pública y destruye la credibilidad institucional. Quien incurre en fraude académico demuestra ausencia de integridad, condición indispensable para ejercer función pública.

Por ello, los ciudadanos firmantes solicitamos a la Presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles:

1-Revisar y restituir los más altos estándares académicos y técnicos para el acceso a cargos públicos. La excelencia debe ser el requisito mínimo, no el techo.

2-Fortalecer el principio de meritocracia en toda la administración estatal, priorizando la capacidad y la experiencia por encima de cualquier afinidad política.

3-Aplicar sanciones rigurosas y ejemplares frente a casos comprobados de plagio o fraude académico.

4- Evaluar medidas normativas que establezcan la inhabilitación permanente para ejercer función pública a quienes incurran en faltas graves contra la ética profesional.

Un Estado sólido requiere funcionarios idóneos, éticos y altamente calificados. La calidad institucional no es opcional: es una obligación frente a los ciudadanos y frente al uso responsable de los recursos públicos.