Señor Iván Duque Márquez

Presidente de la República

Palacio de Nariño - Bogotá, D.C.

Excelentísimo señor Presidente: Queremos llamar su atención y la del alto gobierno para que se designe a una persona de las mayores calidades éticas y conocimientos en materia ambiental, a efectos de que examine la licencia otorgada al proyecto minero Apone en el municipio de Ataco (Tolima), de explotación de una mina de oro a cielo abierto. La licencia ambiental a este proyecto fue solicitada el 16 de abril de 2019 por la empresa Ingecol y Construcciones S.A.S. a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, entidad que se la otorgó mediante resolución 4416 del 12 de diciembre de 2019, con una celeridad que ya quisieran tener muchos otros proyectos minero-energéticos en el país.

Esto nos genera suspicacia, respecto a la rigurosidad técnica de los estudios aportados. Tras examinar parte la documentación que sirvió de apoyo para el otorgamiento de la licencia, como lo es el estudio de impacto ambiental (EIA), diferentes expertos han formulado reparos, entre ellos la no delimitación del área de influencia del proyecto, ni la determinación de las afectaciones ambientales, particularmente de la cuenca del río Saldaña. Este río, Señor Presidente, representa el 49% de agua del Tolima, y abarca el 41.5% del territorio departamental. Es importante recordar que el Saldaña desemboca en el río Magdalena, y, en consecuencia, los impactos se trasladan a las poblaciones ribereñas, que en el solo Tolima son catorce.

Como si lo anterior fuera poco, queremos subrayar el hecho de que el desarrollo de la mina Apone afecta a una subregión en la cual la Nación ha hecho grandes inversiones durante los últimos cincuenta años, si no más. Nos referimos al llamado Triángulo del Sur del Tolima, uno de los distritos de riego más importantes y estratégicos para la producción de alimentos, en momentos en que la seguridad alimentaria cobra relevancia para la generación de empleo productivo en el campo.

Otro aspecto de trascendencia es el posible desconocimiento de los derechos de población indígena, obviando la consulta previa consagrada en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado colombiano. A quienes suscribimos esta misiva solo nos mueve el legítimo interés de defender el patrimonio hídrico y ambiental de nuestro departamento, y confiamos en que el principio de “Conservar produciendo, y producir conservando”, tantas veces citado por usted, sirva de faro a las autoridades ambientales nacionales, regionales y locales. Los tolimenses todos deben tener absoluta certeza de que la explotación de sus recursos naturales de adelanta con apego irrestricto a las normas constitucionales, a la legislación ambiental y a los convenios internacionales, sin mayor detrimento de los bienes ambientales comunes. En este caso, los impactos en el agua y en el aire sobrepasan los límites permitidos por la normatividad vigente.

Esperamos, Señor Presidente, que acoja nuestra petición de manera que se conjuren los impactos de una explotación que ya está en curso.