El 12 de febrero de 2019 se inició en Madrid el juicio espectáculo contra doce destacados catalanes. Es probable que las sentencias ya se hayan dictado de antemano.
En un Estado normal de derecho, el procedimiento se desarrollaría ante el tribunal competente. No es así en España. El líder del Partido Popular español, que en parte es de extrema derecha, Pablo Casado, dijo que gracias a su partido este juicio no se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tiene de hecho jurisdicción, sino ante el Tribunal Supremo de Madrid, que sólo tiene jurisdicción en segunda instancia, en lo que ahora es la primera y probablemente la única instancia. Sólo esto demuestra lo mal que está el poder judicial español, en parte partidista y en parte corrupto, que tergiversa y viola el derecho español e internacional en la cuestión catalana de una manera intolerable.
Un Estado que viola gravemente una ley orgánica y su propia constitución al deponer — sin una base legal viable — a un gobierno elegido democráticamente para que los políticos depuestos sean enjuiciados por un tribunal incompetente como disidentes por medio del derecho penal sin base real en su propio código penal, un Estado que viola masivamente los derechos humanos, un Estado que viola su propia constitución, un Estado que gobierna a un pueblo que vive en su jurisdicción bajo el abuso del artículo 155 de la Constitución española, que no lo legitimó, de manera dictatorial y que trata de mantenerlo al margen de una votación democrática, un Estado que no reconoce el derecho humano fundamental de los pueblos que viven en él a la autodeterminación con el estúpido argumento de que tal derecho humano no se aplica en una «democracia», no es un Estado democrático ni constitucional. Es un estado de vergüenza, por cuyas violaciones de los derechos humanos los ciudadanos de España tendrán que avergonzarse durante las próximas décadas.
Si España, que se ha descarrilado, no recuerda nada mejor, libera a los presos políticos encarcelados de Cataluña y reconoce el derecho de autodeterminación de la nación catalana en Catalunya, en el país de València y en las Illes Balears, el 'Spexit' voluntario o involuntario será sólo cuestión de tiempo. Una España que respete los derechos humanos y esté dispuesta a transformarse en una democracia basada en el Estado de Derecho, cosa que no es así en la actualidad, seguirá siendo bienvenida en Europa. Sin embargo, una España que encarcela a los disidentes políticos, los persigue legalmente y no reconoce los derechos humanos, pero los viola de forma constante y masiva, no tiene cabida en la Unión Europea. Amenaza con volver a caer en la barbarie de las últimas décadas.