Petición Cerrada
Petición para Senado de la República

¡Exigimos la revisión de la Ley General de Archivos!


AL SENADO DE LA REPÚBLICA
A LA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los investigadores que dedicamos nuestros esfuerzos a comprender el devenir histórico de nuestro país, así como sus problemas presentes para contribuir a la construcción de un mejor futuro, expresamos nuestra profunda preocupación por la iniciativa de Ley General de Archivos que el 17 de noviembre de 2016 se presentó al Senado para su discusión. La Ley, que podría ser una oportunidad para mejorar los archivos mexicanos y favorecer la transparencia, en su estado actual podría provocar precisamente lo contrario. Por ello, proponemos lo siguiente:

 ·      Si bien es importante que la iniciativa señale que “los documentos contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general” y por tanto “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales” (art. 36), consideramos indispensable que los archivos históricos sean designados de forma explícita como “fuente de acceso público”, terminología que corresponde a la Ley General de Protección de Datos Personales, de manera que no abra la posibilidad a espacios de opacidad o contradicción.

·      Se deben establecer plazos temporales obligatorios (dependiendo del tipo de documento) para la transferencia de los documentos con valor histórico de los archivos de concentración a los archivos históricos, y por tanto a la protección de datos personales. No hacerlo generaría graves perjuicios para los investigadores, así como para el buen funcionamiento de los archivos históricos, dejando a juicio del responsable de la dependencia en turno el hacer público o no los documentos bajo su resguardo. Si bien no hay uniformidad, en las democracias estos plazos temporales son de aproximadamente 25 años.

·      La valoración de los documentos en los archivos administrativos prevista en el título tercero debe ser hecha por un grupo multidisciplinario, con la presencia obligatoria (y no opcional, como se asienta en el dictamen) de un profesional de la historia, pues definir cuáles documentos tienen relevancia histórica es una tarea que requiere de conocimiento histórico.

·      Los documentos que en este momento ya se encuentran en archivos históricos deben ser considerados como documentos históricos. No estamos de acuerdo con el artículo 14 transitorio que prevé que sean valorados en los siguientes dos años, lo que podría suponer su regreso a un archivo de concentración, su destrucción o su sustracción por causas políticas, lo que constituiría un daño irreparable para nuestra memoria colectiva.

·      Hacemos un exhorto a tomar en consideración los planteamientos de los Archivos Privados,  los cuales conservan una parte importante de la historia de México que complementa y enriquece el conocimiento de nuestra sociedad.

·      Nos oponemos categóricamente a que el Sistema Nacional de Archivos, encabezado por el Archivo General de la Nación, quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación (artículo 98) y que la dirección del Archivo sea designada por el presidente de la república (artículo 105). Esto puede comprometer la construcción de la memoria histórica a los intereses políticos del momento. Por ello, también consideramos que el Consejo Nacional de Archivos debe tener una prevalente participación de especialistas y no estar en manos de funcionarios del gobierno. Es imprescindible establecer un sistema archivístico en el que existan pesos y contrapesos que permitan pluralidad, transparencia y democracia.

El patrimonio documental, por su interés histórico, es propiedad de la nación. No es únicamente el trabajo de los investigadores en la historia y las ciencias sociales el que está en riesgo, sino la posibilidad de construir una memoria colectiva plural e incluyente. Desde las reformas constitucionales del 7 de febrero de 2014 se impulsó en todo el país un sistema de acceso a la información bajo la premisa de que la transparencia es fundamental en la construcción de una sociedad democrática, así como una garantía de los derechos humanos. El acceso a los documentos históricos que esta iniciativa pone en riesgo es fundamental para la memoria del país, de sus comunidades, de sus grupos sociales y de todos y cada uno de los individuos que son parte de México y de su historia.

Esperamos que todas las instancias y las autoridades involucradas en esta iniciativa y en su implementación tomen conciencia de la enorme importancia de los puntos aquí expresados.

Esta petición fue entregada a:
  • Senado de la República

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