VOTO AMBIENTAL 2027 El Salvador - Familia, sobrevivencia, territorio, inversión y Estado
ACTUALIZACIÓN CIUDADANA - VOTO AMBIENTAL 2027
Familia, sobrevivencia, territorio, inversión y Estado: ¿qué tipo de desarrollo estamos construyendo?
El Salvador se encuentra ante una discusión que no puede reducirse a crecimiento económico o atracción de inversión. Las familias enfrentan dificultades para cubrir alimentación y servicios básicos, mientras el territorio soporta pérdida de bosques, deterioro de ríos, presión sobre las fuentes de agua, contaminación y expansión de proyectos urbanos y de infraestructura.
La dimensión familiar y la ambiental están directamente relacionadas. Para un hogar con ingresos limitados, la contaminación de una fuente de agua, la pérdida de una zona agrícola, una inundación, el aumento del calor o la desaparición de un recurso del que depende una comunidad pueden convertirse en mayores gastos, pérdida de ingresos y deterioro de la calidad de vida. Por eso, la pobreza debe formar parte de cualquier evaluación seria de las decisiones que transforman un territorio.
Al mismo tiempo, el país está promoviendo inversión, infraestructura y nuevas relaciones comerciales. El acuerdo con Estados Unidos contempla facilitar inversiones relacionadas con minerales críticos, recursos energéticos e infraestructura, y establece obligaciones ambientales para El Salvador. Esto plantea una pregunta que no podemos evitar: ¿cómo se distribuirán los beneficios y quién asumirá los costos económicos, sociales y ambientales de esas inversiones?
Los casos que estamos documentando en El Espino, San Francisco Angulo, San Miguel, Coatepeque, Olomega y otros territorios muestran que no podemos analizar cada proyecto de manera aislada. Cuando un país pierde bosques, degrada cuencas y aumenta la presión sobre sus fuentes de agua, cada nueva intervención debe evaluarse considerando sus impactos acumulativos. El dato reportado por la Autoridad Salvadoreña del Agua de que ninguno de los puntos de los ríos monitoreados fue clasificado como de buena calidad debería obligarnos a elevar, no a reducir, el nivel de protección ambiental.
La cuarta dimensión es el Estado. El Salvador necesita inversión y empleo, pero también necesita instituciones capaces de determinar dónde, cómo y bajo qué condiciones puede desarrollarse un proyecto. Necesitamos estudios ambientales accesibles, información pública, monitoreo independiente, protección de acuíferos y bosques, participación ciudadana y mecanismos efectivos para establecer responsabilidades cuando existen daños. La falta de respuestas institucionales frente a las denuncias de comunidades no puede convertirse en una forma de gobernanza.
¿Qué podemos hacer como ciudadanía?
De cara a las elecciones de febrero de 2027, no nos quedemos en los discursos.
Examinemos las propuestas de cada candidatura. Comparemos sus planes nacionales y municipales con la realidad de nuestras comunidades y pidamos respuestas concretas sobre agua, bosques, contaminación, residuos, expansión urbana, minería metálica y cambio climático.
Documentemos nuestro territorio. Fotografíemos y registremos árboles talados, ríos contaminados, fuentes de agua, zonas de recarga, inundaciones, vertederos, extracción de materiales y nuevos proyectos. Identifiquemos qué institución autorizó, supervisa o debería supervisar cada intervención.
Pidamos información pública. Solicitemos permisos, estudios de impacto ambiental, estudios hidrogeológicos, autorizaciones de extracción de agua, planes de manejo, medidas de compensación y mecanismos de participación ciudadana.
No dejemos las denuncias aisladas. Compartamos información entre comunidades para identificar patrones y construir un registro ciudadano de los territorios bajo presión.
Exijamos respuestas por escrito. Cuando una institución no responda, documentemos la solicitud, el plazo, la ausencia o insuficiencia de respuesta y las acciones posteriores. La falta de respuesta también debe quedar registrada.
Y votemos informadamente en febrero de 2027. No se trata de indicar a nadie por quién votar. Se trata de exigir que cualquier persona que aspire a gobernar explique cómo protegerá el agua, los bosques, la salud y las condiciones económicas de la población.
La pregunta no es si El Salvador debe desarrollarse. La pregunta es qué tipo de desarrollo puede sostener una población que todavía enfrenta pobreza y un territorio que ya muestra señales graves de deterioro ambiental.
Familia, sobrevivencia, territorio, inversión y Estado no pueden seguir analizándose por separado.
Informémonos. Preguntemos. Documentemos. Exijamos respuestas. Comparemos propuestas. Participemos. Y ejerzamos nuestro voto con conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestros propios territorios.
El futuro ambiental y económico del país no se decide solamente en las instituciones. También se decide con una ciudadanía informada, organizada y capaz de exigir cuentas.
Imagen: Rio Grande de San Miguel