El Espino: Bosques, Agua y Constitución — El Salvador enfrenta una encrucijada ambiental histórica. (ESP, ENG)
En las últimas semanas hemos iniciado una serie de solicitudes de información pública ante instituciones clave del Estado salvadoreño —Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), Ministerio de Educación (MINED), Asamblea Legislativa, Cancillería y Dirección de Obras Municipales (DOM)— con el objetivo de evaluar el nivel real de transparencia ambiental del país.
Este proceso permitirá construir el primer Índice Ciudadano de Transparencia Ambiental, una herramienta independiente para evaluar cómo las instituciones están cumpliendo su obligación de proteger los recursos naturales y garantizar el acceso público a la información ambiental.
La urgencia de este esfuerzo es evidente.
En todo el territorio observamos señales alarmantes:
destrucción acelerada de bosques
presión de megaproyectos urbanos e infraestructura
contaminación extrema por manejo inadecuado de residuos
deterioro de cuencas y zonas de recarga hídrica
falta de educación ambiental estructural
amenazas de expansión minera en la región
Uno de los ejemplos más preocupantes es la destrucción de árboles centenarios en San Francisco Angulo, Tecoluca, donde obras vinculadas a grandes inversiones han provocado la eliminación de cobertura arbórea histórica sin información pública suficiente, sin estudios de impacto ambiental transparentes y sin procesos reales de participación ciudadana.
Casos como este reflejan una vulnerabilidad institucional profunda:
la ausencia de transparencia, la falta de evaluaciones ambientales accesibles y la limitada participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a las comunidades.
Un acuerdo comercial con EEUU que genera nuevas preocupaciones
A esta situación se suma la firma de un nuevo acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, el cual establece compromisos que facilitan inversiones en sectores sensibles para los ecosistemas.
El acuerdo establece que:
“El Salvador permitirá y facilitará la inversión de los Estados Unidos en su territorio para explorar, realizar actividades mineras, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos.”
Aunque el documento también señala que:
“El Salvador adoptará y mantendrá protecciones ambientales, hará cumplir de manera efectiva su legislación ambiental y mantendrá estructuras sólidas de gobernanza ambiental.”
el acuerdo no establece salvaguardas específicas para la protección de bosques, cuencas hidrográficas o biodiversidad.
En un país con alta vulnerabilidad climática y con cobertura forestal ya severamente reducida, esto genera preocupaciones legítimas sobre el futuro de los ecosistemas y del agua.
La vulnerabilidad ambiental ya es visible
Esta fragilidad no es una hipótesis.
Durante el invierno reciente, comunidades como Ciudad Marsella, en San Juan Opico, sufrieron inundaciones severas que afectaron viviendas y calles completas. Investigaciones preliminares indicaron fallas en drenajes y obras de urbanización inconclusas que impidieron el flujo adecuado del agua lluvia.
Estos eventos muestran cómo la combinación de deforestación, urbanización acelerada y planificación territorial deficiente puede convertir lluvias moderadas en desastres para las comunidades.
Megaproyectos y capital transnacional
La presión sobre los ecosistemas salvadoreños no proviene únicamente de decisiones estatales. También involucra dinámicas de inversión internacional.
En distintos territorios observamos la participación de capitales transnacionales:
inversiones privadas mexicanas vinculadas a proyectos como El Angulo
cooperación y financiamiento chino en proyectos de infraestructura cercanos a El Espino
iniciativas de minería impulsadas por capitales privados, incluyendo fondos canadienses
Cuando estos proyectos se ejecutan sin transparencia, sin evaluaciones ambientales públicas y sin consulta ciudadana real, pueden convertirse en factores de degradación ambiental y conflicto social.
El Acuerdo de Escazú y la democracia ambiental
Existe además un marco regional claro.
El Acuerdo de Escazú, firmado por países de América Latina y el Caribe, establece obligaciones fundamentales en tres áreas:
- acceso a la información ambiental
- participación pública en decisiones ambientales
- protección de defensores del medioambiente
- México, China, Canadá y El Salvador participan en las dinámicas económicas que afectan estos territorios, y todos ellos han asumido compromisos internacionales en materia de transparencia ambiental y gobernanza climática.
Cuando proyectos de gran escala se implementan sin acceso a información, sin participación ciudadana y sin protección para quienes defienden el territorio, estos principios se ven seriamente debilitados.
La Constitución es clara
Más allá de los tratados y de los intereses económicos, existe una obligación jurídica fundamental.
El Artículo 117 de la Constitución de El Salvador establece:
“Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible.”
Cuando se autorizan megaproyectos sin evaluaciones ambientales adecuadas, cuando se destruyen bosques urbanos o zonas de recarga hídrica, o cuando se facilita la explotación de recursos sin salvaguardas claras, se configura un patrón de decisiones públicas que contraviene el mandato constitucional de protección ambiental.
Estas acciones pueden constituir, desde su origen, decisiones incompatibles con la Constitución y con los principios básicos de protección ambiental.
Por estas razones solicitamos:
- Protección legal efectiva del Bosque El Espino y de todas las zonas de recarga hídrica del país.
- Moratoria total a proyectos de minería metálica y extractiva.
Transparencia absoluta sobre megaproyectos de infraestructura y urbanización. - Publicación completa de estudios de impacto ambiental y procesos reales de participación ciudadana.
- Un plan nacional de manejo de residuos y reducción de contaminación.
- Educación ambiental obligatoria en el sistema educativo nacional.
- Acceso público a toda la información ambiental del Estado.
Seguiremos publicando los resultados del Índice Ciudadano de Transparencia Ambiental en las próximas semanas.
Defender El Espino no es solo defender un bosque.
Es defender el agua, el clima, la Constitución y el futuro de El Salvador.
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El Espino: Forests, Water, and the Constitution — El Salvador is facing a historic environmental crossroads.
In recent weeks we have submitted a series of public information requests to key Salvadoran institutions—including the Ministry of Environment (MARN), the Salvadoran Water Authority (ASA), the Ministry of Education (MINED), the Legislative Assembly, the Ministry of Foreign Affairs, and the Directorate of Municipal Works (DOM).
The goal is to build the first Citizen Environmental Transparency Index, an independent tool to evaluate how public institutions are fulfilling their duty to protect natural resources and ensure public access to environmental information.
The urgency of this effort is evident.
Across the country we are seeing alarming signs:
accelerating deforestation
pressure from urban megaprojects and infrastructure
severe pollution from inadequate waste management
degradation of watersheds and groundwater recharge areas
lack of structured environmental education
potential expansion of mining projects
One particularly concerning example is the removal of century-old trees in El Angulo, linked to large infrastructure investments implemented without sufficient public information, without transparent environmental impact assessments, and without meaningful participation of affected communities.
A trade agreement raising environmental concerns
This situation is compounded by a new trade agreement between El Salvador and the United States, which facilitates foreign investment in sectors that may directly affect ecosystems.
The agreement states that:
“El Salvador will allow and facilitate investment from the United States in its territory to explore, conduct mining activities, extract, refine, process, transport, distribute and export critical minerals and energy resources.”
While it also affirms that:
“El Salvador shall adopt and maintain environmental protections and effectively enforce its environmental laws.”
the agreement does not establish specific safeguards for forests, watersheds, or biodiversity.
In a country highly vulnerable to climate change and already suffering from limited forest cover, this raises serious concerns about the future of ecosystems and water security.
Environmental vulnerability is already visible
This vulnerability is not theoretical.
Recently, communities such as Ciudad Marsella experienced severe flooding linked to drainage failures and incomplete urban infrastructure, demonstrating how deforestation and poorly planned development increase disaster risks.
Transnational capital and environmental pressure
Environmental pressure is also linked to global investment dynamics.
Different territories are experiencing the influence of transnational capital, including:
- Mexican private investment linked to projects such as El Angulo
- Chinese cooperation and infrastructure financing near El Espino
- mining initiatives backed by private capital, including Canadian fund
When such projects proceed without transparency, without environmental impact assessments, and without meaningful public participation, they risk accelerating environmental degradation and social conflict.
Escazú and environmental democracy
The Escazú Agreement, adopted in Latin America and the Caribbean, establishes key obligations regarding:
access to environmental information
public participation in environmental decisions
protection of environmental defenders
When large-scale projects proceed without transparency or citizen participation, these principles are weakened.
The Constitution is clear
The Constitution of El Salvador, Article 117, states that the State has the duty to protect natural resources and preserve the integrity of the environment in order to ensure sustainable development.
When megaprojects proceed without environmental safeguards, when forests and water recharge zones are destroyed, or when extraction is facilitated without transparency, these decisions may contradict the constitutional mandate for environmental protection.
What we ask
For these reasons we call for:
Legal protection of El Espino Forest and all groundwater recharge zones.
A moratorium on metallic mining and extractive projects.
Full transparency regarding infrastructure and urban megaprojects.
Publication of environmental impact assessments and genuine public consultation.
A national plan for waste management and pollution reduction.
Mandatory environmental education in the national education system.
Public access to all environmental information.
Defending El Espino means defending water, climate resilience, constitutional rights, and the future of El Salvador.