Con esa resolución se pone en peligro la atención a nuestros mayores, se ejerce mayor tensión sobre unas plantillas de trabajadoras ya de por sí insuficientes y se va a producir una mayor demanda asistencial en los centros públicos de salud de los que dependen.

Esta norma supone:

La decisión del Gobierno de La Rioja distorsiona con gravedad a 4.200 familias que tienen a sus familiares en residencias o en centros de día y a 2.000 trabajadoras del sector de los cuidados, que ven cómo el gobierno se inclina en favorecer a las empresas en lugar de adoptar medidas de mejora en los cuidados y de unas profesionales que cada día se dejan la vida en atender a las personas mayores.

Consecuencias:

Éste es el pago que el gobierno de La Rioja está dando a toda una generación que con su esfuerzo ha sacado a este país y a esta región adelante y ahora que necesitan unos cuidados manifiestamente mejorables les empeora su situación con esta medida.

La consejera de Salud y Políticas Sociales no ha entendido nada de lo ocurrido en las residencias de mayores con los efectos de la pandemia por COVID 19, donde solo en la primera ola fallecieron 204 personas en La Rioja y que puso de manifiesto la debilidad estructural de las residencias privadas que la derecha conservadora promueve, también favorecida por una legislación demasiado laxa