En España, el aforamiento es una figura jurídica que otorga a los políticos y altos cargos un trato especial ante la justicia, permitiendo que sean juzgados por tribunales superiores en lugar de por los tribunales ordinarios. Esta situación crea una apariencia de desigualdad ante la ley y genera desconfianza en el sistema judicial, además de erigir una barrera de protección para aquellos que deberían ser igualmente responsables de sus acciones.

Es esencial destacar que, según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), más de 250,000 personas en España están aforadas, incluyendo no solo políticos, sino también otros funcionarios públicos. Esto representa una cifra desproporcionada en comparación con otros países de la Unión Europea. Esta situación no solo contraviene el principio de igualdad ante la ley, sino que también dificulta la persecución de la corrupción y otros delitos.

La existencia de aforamientos perpetúa la percepción de impunidad entre aquellos que ostentan cargos de poder, debilitando la confianza del público en nuestras instituciones democráticas. Un estudio de Transparencia Internacional destaca que la percepción de corrupción en España es alta, en parte, debido a estos privilegios judiciales.

Proponemos la eliminación total del aforamiento para todos los políticos españoles, garantizando así que respondan ante la ley como cualquier ciudadano. Esto no solo fortalecerá el estado de derecho y la confianza pública, sino que también alineará a España con los estándares de otros países democráticos en Europa.

Por estas razones, solicitamos al Congreso de los Diputados y al Senado de España que trabajen para abolir los aforamientos, promoviendo así una justicia verdaderamente igualitaria y transparente.

Firmen esta petición para instar a un cambio crucial en nuestro sistema judicial. Juntos, podemos hacer una diferencia real y asegurar que todos sean realmente iguales ante la ley.