Vivir en España se ha convertido para millones de personas en una angustia diaria. Las masivas manifestaciones en Madrid y otras ciudades son el grito desesperado de una sociedad ahogada por unos alquileres inasumibles, la imposibilidad de emancipación de los jóvenes y la amenaza constante de perder el hogar. Los fondos buitre y la especulación nos están echando de nuestros barrios, convirtiendo nuestras ciudades en un tablero de Monopoly donde la ciudadanía siempre pierde.

Nos han repetido hasta la saciedad que la Constitución Española garantiza el derecho a disfrutar de una "vivienda digna y adecuada" en su artículo 47. Sin embargo, la trampa legal es que este artículo está clasificado como un simple "principio rector". Es decir, es una mera recomendación para los poderes públicos, no un derecho real que un ciudadano pueda exigir ante un juez.

Mientras tanto, el derecho a la propiedad privada sí tiene una protección superior, lo que provoca que los intereses económicos de los grandes tenedores siempre ganen la partida frente a la necesidad habitacional de las familias.

Por eso, los parches ya no sirven. Exigimos una reforma constitucional para elevar la vivienda a la categoría de Derecho Fundamental, trasladando el actual artículo 47 a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución.

Lograr esta reforma supondría un cambio histórico y tangible:

• Protección judicial directa: Cualquier ciudadano podría acudir a los tribunales, y en última instancia pedir amparo al Tribunal Constitucional, si se le niega el acceso a la vivienda o se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional.
• Freno legal a la especulación: Al equipararse en importancia a otros derechos fundamentales, se daría cobertura constitucional incuestionable a medidas drásticas contra la acumulación de casas vacías por parte de fondos de inversión, como las expropiaciones de uso o los topes estrictos a las rentas.
• Creación obligatoria de vivienda pública: El Estado y las Comunidades Autónomas estarían obligados por ley a garantizar los medios materiales para cumplir este derecho, forzando la creación de un parque público de vivienda masivo, igual que hoy garantizan colegios o camas de hospital.

La vivienda es el pilar sobre el que se construye la vida. No podemos desarrollar nuestro derecho a la familia, al trabajo o a la salud sin un techo seguro. Si es una necesidad básica, su protección legal debe ser máxima.

Es el momento de exigir a todos los partidos políticos que asuman el mandato de la calle e inicien esta reforma constitucional. Firma y comparte esta petición: ¡La vivienda es un derecho, no un negocio!