Rechazamos reformas salariales impuestas sin consulta en las universidades públicas de Colombia

Las universidades públicas de Colombia atraviesan un momento decisivo. El Gobierno Nacional estaría próximo a expedir un decreto de reforma salarial y prestacional para el profesorado universitario sin una concertación real, amplia y democrática con las comunidades académicas directamente afectadas.

Esta decisión no puede considerarse un simple ajuste administrativo. Se trata de una medida que compromete derechos fundamentales, amenaza la autonomía universitaria, profundiza las desigualdades históricas entre instituciones y pone en riesgo la calidad de la educación superior pública en el país.

Rechazamos este proyecto de decreto porque:

1. Vulnera el derecho a la participación democrática al pretender modificar las condiciones laborales, académicas e institucionales sin un diálogo efectivo con docentes, estudiantes, directivos, sindicatos, comunidades universitarias y demás actores del sistema público de educación superior.
2. Amenaza la financiación de las universidades estatales, al trasladar responsabilidades salariales y prestacionales a instituciones que ya enfrentan graves déficits estructurales. Esta carga podría abrir la puerta a recortes, endeudamiento, precarización laboral y procesos progresivos de privatización.
3. Omite la inclusión de los docentes ocasionales y de cátedra en el Decreto, pese a que su reconocimiento ha sido una lucha histórica del profesorado universitario. Esta exclusión resulta especialmente grave porque estos docentes constituyen una parte mayoritaria del profesorado en muchas universidades públicas y sostienen buena parte de la docencia, la investigación, la extensión y el acompañamiento estudiantil bajo condiciones laborales precarias, inestables y desiguales. Ninguna reforma salarial y prestacional puede considerarse justa, democrática ni integral si deja por fuera a quienes han exigido durante años estabilidad, dignificación laboral, igualdad de derechos y reconocimiento pleno dentro del sistema público de educación superior.
4. Debilita la autonomía universitaria, principio esencial de la educación superior pública, al imponer decisiones desde el Gobierno Nacional sin respetar las particularidades, necesidades y realidades de cada institución.
5. Profundiza la desigualdad entre universidades nacionales y regionales, creando brechas salariales, académicas y de oportunidades que desincentivarían la permanencia de docentes altamente calificados en regiones históricamente excluidas. Esto afectaría directamente el derecho de miles de jóvenes a recibir una educación pública de calidad sin importar su lugar de origen.
6. Golpea la excelencia académica, la investigación y la extensión universitaria, pilares fundamentales para el desarrollo científico, cultural, social y económico del país. Una reforma salarial mal diseñada no solo afecta a los docentes, sino también a los estudiantes, a las comunidades y al futuro de Colombia.
7. Se basa en una narrativa injusta y estigmatizante al presentar a los docentes de universidades públicas como una élite privilegiada, desconociendo su papel esencial en la formación de profesionales, la producción de conocimiento, la construcción del pensamiento crítico y el fortalecimiento de la democracia.
8. Ignora la evidencia y los estudios técnicos necesarios, pues una reforma de esta magnitud debe sustentarse en información verificable, en un análisis financiero riguroso y en la evaluación de sus impactos reales sobre las universidades, los docentes, los estudiantes y las regiones. 

La educación superior pública no puede reformarse a espaldas de quienes la sostienen todos los días. Cualquier transformación del régimen salarial y prestacional docente debe hacerse con transparencia, responsabilidad fiscal, evidencia técnica y participación efectiva de la comunidad universitaria.

Por ello, exigimos al Presidente de la República, al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno Nacional que suspendan la expedición de este decreto y convoquen de manera inmediata un proceso amplio, vinculante, plural y democrático de concertación con las universidades públicas del país.

Defender a los docentes universitarios es defender la educación pública. Defender la educación pública es defender el derecho de las nuevas generaciones a un país con más conocimiento, más igualdad y más oportunidades.

Firma esta petición y súmate a la defensa de la universidad pública colombiana. No permitamos que decisiones tomadas sin consulta comprometan el presente y el futuro de la educación superior en Colombia.

Una copia del decreto a punto de ser firmado puede consultarse en el siguiente enlace.