El Sr. Rigau, empleado de la legislatura bonaerense, fue sorprendido por la policía retirando la cantidad de 1.260.000 pesos utilizando 49 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, solicitamos urgentemente a la Cámara de Casación Bonaerense que reabra e investigue el caso. ¡No podemos permitir que esta DEFRAUDACIÓN AL ESTADO quede impune!

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ha declarado nulo el caso, argumentando que el registro policial en aquel momento fue ilegal y que esta irregularidad inicial invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces. Esta decisión se tomó con dos votos a favor y uno en contra, donde el voto en contra sostenía que la actuación policial estaba justificada.

Para evitar el cierre definitivo del caso, un fiscal presentará pronto un recurso de Casación con el fin de determinar si las extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con las tarjetas de débito constituyen una asociación ilícita para defraudar al Estado.

La anulación del caso ocurrió cuando la fiscal Lacky intentaba descubrir cómo se había organizado el esquema de recaudación que indicaba la existencia de una caja negra en la Cámara de Diputados. El juez de Garantías Guillermo Atencio había avalado el avance del caso, negando el pedido de excarcelación de la defensa y ordenando un allanamiento en la residencia del acusado a petición de la fiscal.

FIRMA A FAVOR DEL RECURSO DE NULIDAD PARA QUE LA INVESTIGACIÓN CONTINÚE ANTE EL SILENCIO CÓMPLICE DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS.