El enriquecimiento ilícito gracias a la corrupción política y económica se ha convertido en una de las principales causas de la desconfianza de los ciudadanos hacia el actual sistema de representación. Los casos se multiplican, las investigaciones se demoran, los culpables tardan en ser condenados e, incluso cuando acaban ingresando en prisión, en raras ocasiones devuelven el dinero que obtuvieron cometiendo sus delitos. 

Para colmo, la legislación actual permite a los condenados por corrupción que no han devuelto lo robado seguir beneficiándose de los presupuestos públicos y acceder al dinero de todos como cualquier ciudadano, incluyendo el cobro de pensiones y de subvenciones públicas. 

Para poner fin a esta contradicción –corruptos que no devuelven lo robado y siguen beneficiándose del presupuesto público– que alimenta la indignación ciudadana, es por lo que te pedimos que firmes la siguiente petición dirigida al Ministerio de Justicia para que, mediante la reforma legal correspondiente, los condenados por corrupción pierdan el derecho a cualquier clase de percepción económica pública hasta que devuelvan el dinero que obtuvieron ilícitamente.