Puede parecer especialmente doloroso que un atropello de Hacienda sirva para financiar el cinismo de las Administraciones públicas, una justicia inverosímil o a un gobierno excesivamente sordo a lo que desde la ciudadanía venimos reclamando desde que tenemos un mínimo de capacidad para expresarnos.

Que quienes recuperamos derechos económicos por la vía judicial nos veamos conminados a una aportación extra para esos absurdos objetivos parece un disparate mayúsculo en una sociedad que se dice avanzada.

Sin embargo, con una Administración responsable, una justicia en buena relación lógica con la legalidad o un gobierno abierto a avanzar en el sentido en que realmente deseamos la mayoría significaría directamente que todas las personas contribuiríamos como nos corresponde a los gastos comunes.

Una Administración de Hacienda despótica queda fuera de un ejercicio sano del poder.