Seguimos esperando una respuesta de la Secretaría de Estado de Hacienda. Pasan los meses y pesa el silencio. Dar una explicación de cómo un daño de este calibre a una persona tiene encaje en el sistema de convivencia que hemos construido parece lo mínimo razonable, sobre todo en un órgano que tiene por misión distribuir equitativamente las cargas; velar por que sufraguemos solidariamente los gastos de las Administraciones, más allá de una simple función recaudatoria. Se lo hemos pedido más de 5.500 personas; instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, y también el compromiso que quienes ejercen sus funciones en los órganos de gobierno tienen respecto de preservar la confianza y el bienestar de la ciudadanía. Creo que merecemos un respeto, y atender a sus responsabilidades puede darles a quienes nos dirigen no solo más credibilidad, sino más satisfacción personal y más calidad de vida.