Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a la tranquilidad. Sin que hayamos incurrido en alguna responsabilidad, les corresponde a las instituciones velar por nuestros intereses legítimos. La práctica de Hacienda que denunciamos va exactamente en el sentido contrario: si alguien nos agrede, la Administración Tributaria nos impone una dura sanción encubierta, arbitraria y despótica. Creo que se trata de uno de los mecanismos -no sé si consciente o inconsciente- para mantener el control a través del temor: sin saber por qué, en cualquier momento los gobiernos pueden cargar contra nuestra estabilidad económica, sin razón y fuera del Derecho. Estamos construyendo una sociedad libre, y cada obstáculo que superamos nos acerca más a la plena confianza y al desarrollo para toda la ciudadanía.