Dirigida al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a las comunidades autónomas.

Una niña de tres años no puede explicar lo que le ha ocurrido con las palabras, la precisión y la comprensión del tiempo de una persona adulta. Pero su voz merece ser escuchada con todas las garantías.

Impulso esta petición como madre. Mi experiencia me ha llevado a preguntarme si nuestro sistema judicial está realmente preparado para escuchar a una niña pequeña cuando cuenta algo que podría haberle hecho daño.

Quiero que esta petición sirva para todas las familias: para que ninguna niña o niño vea limitada su posibilidad de ser escuchado por su edad, por una espera excesiva o por la falta de recursos especializados.

Cuando una niña o un niño cuenta una posible situación de violencia sexual, necesita profesionales preparados para comprender su forma de expresarse, un entorno seguro y una respuesta que llegue a tiempo.

La edad no puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia. Las demoras del sistema no deben perjudicar su posibilidad de ser escuchado.

Necesitamos procedimientos adaptados al desarrollo infantil, investigaciones que examinen todas las pruebas relevantes y decisiones de protección que tengan en cuenta las necesidades de cada menor.

Por ello, solicitamos las siguientes medidas:

1. Pruebas preconstituidas sin demoras injustificadas

Que desde la denuncia se active una vía prioritaria para organizar la entrevista especializada y, cuando corresponda, la prueba preconstituida con todas las garantías judiciales.

La espera puede dificultar la recuperación y comunicación de los recuerdos, especialmente en edades tempranas. No debe normalizarse que transcurran meses por falta de coordinación o recursos.

Pedimos plazos de actuación breves, seguimiento de su cumplimiento y justificación de las demoras, atendiendo a la edad, las necesidades y el estado de cada menor. La urgencia debe ir acompañada de una preparación adecuada.

2. Una evaluación previa para saber cómo escuchar a cada niña o niño

Antes de la entrevista sobre los hechos, pedimos una valoración especializada de sus capacidades de comunicación, desarrollo, comprensión y necesidades de apoyo.

Esta valoración debe servir para adaptar las preguntas, la duración, los descansos y las expectativas sobre lo que puede explicar. Debe evitarse exigir una precisión narrativa o temporal que no corresponda a su desarrollo.

También deben contemplarse las necesidades de menores con discapacidad, diferencias en el desarrollo o dificultades de comunicación, ofreciendo los apoyos adecuados.

3. Tiempo y condiciones para crear confianza

Contar algo íntimo o doloroso a una persona desconocida puede resultar difícil. Pedimos una fase de familiarización con el profesional, el espacio y la forma de comunicación antes de abordar los hechos.

Cuando la valoración individual lo aconseje, deben poder realizarse encuentros preparatorios adicionales, sin interrogar repetidamente sobre lo sucedido ni ensayar respuestas.

Estos encuentros deben coordinarse para que la preparación no provoque nuevas demoras. Su finalidad es ofrecer seguridad y facilitar una comunicación libre, sin sugestión.

4. Profesionales con formación especializada y continua

Pedimos formación en desarrollo infantil, memoria, entrevista forense, violencia sexual y posibles efectos del trauma para quienes obtienen y valoran las declaraciones.

Las entrevistas deben utilizar un lenguaje comprensible, preguntas no sugestivas y métodos respaldados por el conocimiento científico.

El silencio inicial, la dificultad para responder o la falta de precisión deben examinarse en su contexto, sin interpretarlos automáticamente como falta de credibilidad.

5. Evitar la revictimización garantizando una evaluación suficiente

Reducir las exploraciones innecesarias debe ir acompañado de una intervención especializada de calidad.

Si una valoración se rechaza por el riesgo de revictimización, pedimos que se explique cómo se cubrirá la necesidad de evaluación mediante una alternativa adecuada, coordinada y menos invasiva.

Cuando exista un conflicto de intereses o una negativa de autorización que obstaculice una evaluación necesaria, deben existir mecanismos para resolverlo con rapidez y las garantías correspondientes.

La protección frente a intervenciones innecesarias debe garantizar, al mismo tiempo, que se obtenga la información necesaria para investigar y valorar las necesidades del menor.

6. Espacios seguros y menos repeticiones del relato

Pedimos recursos suficientes para realizar entrevistas grabadas y pruebas preconstituidas en entornos adaptados a la infancia, con las garantías legales correspondientes.

La coordinación entre profesionales y el aprovechamiento de la información ya obtenida deben reducir las declaraciones reiteradas y las exploraciones innecesarias.

Cada intervención debe tener una finalidad clara y atender al bienestar de la niña o del niño.

7. Valoración conjunta y razonada de todas las pruebas

Que se examine la información médica, psicológica, testimonial y contextual relevante y se expliquen las razones para aceptarla o descartarla.

La investigación no debe hacer recaer todo su peso sobre la capacidad de una niña o un niño pequeño para narrar lo ocurrido.

Los síntomas deben valorarse considerando sus posibles causas y limitaciones. Ningún síntoma aislado demuestra automáticamente un abuso, pero la información relevante merece un análisis riguroso.

Asimismo, pedimos que el afecto hacia una persona investigada o el mantenimiento de un vínculo familiar no se utilicen, por sí solos, para descartar una posible situación de violencia.

8. Protección basada en una evaluación individual del riesgo

Que las decisiones sobre seguridad, visitas y convivencia tengan en cuenta la situación actual de cada menor, su voz y los informes pertinentes, sin reducir toda la evaluación protectora al resultado del procedimiento penal.

Pedimos coordinación entre los sistemas judicial, sanitario, psicológico y de protección de la infancia para valorar los riesgos y las necesidades de apoyo.

La seguridad y el bienestar de cada niña o niño deben examinarse de forma individual, mediante decisiones motivadas y revisables cuando cambien las circunstancias.

9. Recursos suficientes y seguimiento público

Pedimos equipos especializados suficientes y publicación de datos anónimos sobre tiempos de espera, formación, coordinación y cumplimiento de estas garantías.

El lugar de residencia no debe determinar la posibilidad de acceder a una atención especializada y oportuna.

Solicitamos un compromiso concreto de las instituciones

Pedimos que las instituciones destinatarias, dentro de sus respectivas competencias, publiquen un plan coordinado para hacer efectivas estas medidas.

El plan debe incluir responsables, presupuesto, calendario de aplicación y mecanismos de seguimiento, con especial atención a los tiempos de espera para la prueba preconstituida y a la preparación de las niñas y niños de corta edad.

Solicitamos que en su elaboración participen profesionales especializados, entidades de protección de la infancia y familias, preservando siempre la intimidad de los menores.

Pedimos investigaciones imparciales y exhaustivas, respetuosas con la presunción de inocencia y los derechos de todas las partes. Escuchar de forma adaptada permite obtener y valorar mejor la información, sin prejuzgar el resultado.

Las niñas y los niños necesitan una justicia que comprenda sus capacidades, les permita comunicarse con seguridad y actúe a tiempo.

Firma para que su edad no silencie su voz. Para que cada niña y cada niño encuentre una justicia preparada para escucharle, investigar con rigor y protegerle.