La ciudad y las empresas

Hace 30 años Medellín se sumió en dolor y oscuridad, la crisis desatada por el narcotráfico nos sacudió hasta los más profundo de nuestros cimientos. La tasa de homicidios de Medellín duplicaba la tasa de las ciudades más violentas del mundo en la actualidad. Pero la crisis de los 90 también nos unió como sociedad: líderes, organizaciones sociales y empresas creyeron en la ciudad y se quedaron para luchar por ella.

Nutresa, Sura, Bancolombia y Argos –sociedades que nacieron hace casi un siglo en nuestra ciudad– fueron parte de esas empresas cuyo sentido de pertenencia las llevó a quedarse y preocuparse por Medellín, en medio de esa crisis brutal y desesperanzadora.

Crecieron como compañías trabajando porque la ciudad también creciera, por supuesto con dificultades, errores y asuntos por mejorar, como en toda empresa humana.

Hoy estas empresas fundadas en nuestro valle operan en cerca de 20 países del continente americano, han tocado la vida de millones de personas de todos los orígenes, generan casi 100.000 empleos aportando en la consolidación de la clase media, tienen ingresos que representan el 7% del PIB y cuentan con la confianza de decenas de miles familias que son sus accionistas y que, curiosamente, más que buscar enriquecerse individualmente con sus acciones, ven con satisfacción los rendimientos sociales y el valor colectivo de empresas que han sido solidarias con el desarrollo social de la ciudad, invirtiendo ininterrumpidamente en arte, cultura, educación y deporte.

En 2021, una firma constituida en Panamá con apenas un millón de pesos ofreció comprar más de la mitad del Grupo Nutresa, una empresa clave para la seguridad alimentaria del país. Detrás estaba Jaime Gilinski, un empresario mencionado en los Pandora Papers, quien luego de invertir casi $10 billones tratando de hacerse con las compañías sin éxito –ante la negativa de venta del 68% de los accionistas de Nutresa y 60% de Sura–, hoy quiere tomar el control con artimañas jurídicas buscando silenciar y restringir el voto de los demás accionistas, al amparo de un superintendente que fue posesionado por la ex ministra de Comercio María Ximena Lombana, quien hoy es representante de Gilinski en la junta de Sura. 

Este proceso cuenta con varios funcionarios recusados y otros denunciados penalmente, y su pretensión fue calificada por el jurista Fernando Velásquez como un impensable: que un socio minoritario se vuelva dueño de tres empresas sin pagar por ellas.

Luego las preguntas que debemos hacernos como ciudad (sí, es un tema de ciudad), es si sus principales empresas deben ser patrimonio de miles de familias antioqueñas, o de una familia multimillonaria; si sus designios deben ser decididos desde Medellín, o desde Panamá y Abu Dabi; si deben ser conducidas por personas que vivan y conozcan la historia de esta tierra, o por personas ajenas que solo ven números para vender e intercambiar (como sucedió en el pasado con Coltejer); si su rostro debe ser el de una familia, o el de generaciones de miles antioqueñas y antioqueños que han trabajado y se han formado allí.

Medellín y Antioquia enfrentan un entramado que busca tomarse el patrimonio de la ciudad a cualquier costo, y cuyas manifestaciones van desde un alcalde que se ha valido de la mentira sistemática para desacreditar a estas empresas, hasta decisiones inexplicables de una Superintendencia que bloquean el ejercicio democrático a su interior. Como ciudad exigimos al Gobierno garantizar la imparcialidad y el juego limpio.

En esta coyuntura hacemos un llamado a respaldar a estas empresas que, en palabras de Lucía González, son un patrimonio material, simbólico y social de la ciudad. Sura, Argos y Nutresa son antioqueñas, y así deben seguir siendo. No dejaron sola a Medellín cuando más las necesitó. Es momento de devolver la solidaridad.