Soy activista y usuario de cannabis en Chile, y he vivido  la persecución que enfrentamos al cultivar cannabis para uso personal y medicinal. Algunos de mis amigos han sido detenidos y encarcelados injustamente, y otros activistas han sido investigados solo por defender nuestros derechos.

Pedimos lo mínimo: justicia y respeto por los derechos que ya deberían estar protegidos por la ley. 

De acuerdo con La Ley N° 21.575, que modifica el artículo 8° de la Ley N° 20.000, el autocultivo de cannabis para uso medicinal está permitido para usuarios con receta médica, pero la ley 20.000 también permite el consumo no medicinal (personal, exclusivo y próximo en el tiempo). También, la Ley N° 20.584 establece los derechos de los pacientes, la autonomía médica, el trato digno a los enfermos y la privacidad de la ficha clínica.  Mientras que La Ley N° 20.500 regula la formación de asociaciones o colectivos para cualquier fin que no sea ilícito.

El art. 8° de la Ley 20.000 es la norma que penaliza cultivar cannabis sin autorización, con penas de presidio, salvo cuando se trate de un cultivo agrícola con fines industriales autorizado por el SAG, un cultivo medicinal respaldado con prescripción médica, o cultivo para uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Esto fue ratificado por el Tribunal Constitucional de Chile. En la Sentencia N° 14.146-23-CPT identifica las mismas tres formas de cultivo de cannabis que  no son delito: (1) cultivo autorizado por el SAG, (2)   cultivo para uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo en bajas cantidades, y (3) cultivo para tratamiento médico.           

Estas leyes fueron creadas para protegernos, pero aún enfrentamos persecución fiscal y policial. 

Chile es actualmente el tercer mayor consumidor de cannabis en el mundo. Una parte significativa de la población chilena apoya la regulación del cannabis, lo que refleja una necesidad social y también un cambio cultural. Pero seguimos enfrentando obstáculos que impiden un verdadero acceso y uso legal y seguro de esta planta.

En lugar de criminalizarnos, deberíamos ser apoyados por un marco regulatorio que promueva el uso responsable y que también permita el acceso seguro para aquellos que lo necesitan por razones de salud.

Exigimos al gobierno chileno que respete y aplique las leyes vigentes de manera justa y equitativa, sin dirigirse contra los usuarios. Es urgente adoptar medidas que aseguren nuestro bienestar y seguridad legal, somos muchos. 

Por favor, firma esta petición para detener la persecución injusta y para que los derechos de los usuarios de cannabis en Chile sean garantizados de una vez por todas.