Desde hace años, miles de ciudadanos hemos observado con profundo dolor e impotencia cómo los "fondos buitre" despojan de sus viviendas a familias enteras. La vivienda es un derecho fundamental, reconocido tanto por nuestra Constitución como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, estos derechos son pisoteados por intereses económicos voraces que priorizan el lucro sobre la dignidad humana.

Los procedimientos de desahucio suelen contar con el respaldo de fuerzas policiales y de juzgados, pero, ¿por qué debemos financiar con nuestros impuestos la ejecución de un acto que viola un derecho fundamental? Los "fondos buitre" son entes poderosos con recursos suficientes para solventar sus propios mecanismos de desalojo, si así lo deciden.

Proponemos que la policía deje de participar en estos procedimientos. Su papel debe reducirse a garantizar que no se utilice la fuerza ni contra los desahuciados ni contra los ciudadanos que defienden sus derechos. En casos de violencia, el desalojo debe ser automáticamente suspendido por considerarse un desorden público.

Esto es una cuestión de justicia social y de protección de derechos. Permitir que los desahucios se realicen con facilidad y amparo policial es perpetuar una problemática que empobrece y vulnerabiliza nuestra sociedad. La vivienda es un derecho, no un lujo. Exijamos que se tomen medidas valientes y efectivas para proteger a los más vulnerables de los embates financieros de los "fondos buitre".

Firma esta petición para que nuestro gobierno tome acciones concretas y detenga esta práctica inaceptable. Exijamos juntos un cambio y una legislación justa que respete nuestro derecho a un hogar seguro.