Petición cerrada

Devuelvan a Daniel

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La abogada de la madre ha pedido suspender la orden judicial al considerar vulnerados sus derechos y obviado el "grave riesgo" al que se expone el niño, que ha relatado episodios de malos tratos por parte de su progenitor
La sentencia no dio credibilidad a la versión del menor, que considera influenciada por su madre
El acuerdo que ha servido de base para dictar la orden judicial fue firmado por ambos progenitores en un momento en el que la madre recibía tratamiento psiquiátrico tras ser secuestrada y violada por otro hombre

Elián L.M. Tuvo que entregar este viernes a las 09.30 horas en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria a Pablo, nombre ficticio de su hijo de 12 años, al padre, Jorge A.B., residente en Estados Unidos, en contra de la voluntad del menor. Es la fecha y la hora que ha señalado el juez para ejecutar la sentencia que admitió la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado a raíz de la reclamación por sustracción internacional de menores que presentó el progenitor, un ciudadano originario de Colombia y con nacionalidad estadounidense, contra la madre, una hispano-venezolana que actualmente vive en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

La abogada de Elián, Vanesa Piedravuena, ha solicitado la suspensión de esta medida judicial y ha pedido amparo al Tribunal Constitucional, ya que entiende que durante el proceso se han vulnerado derechos de su representada y se han obviado elementos que estima fundamentales, como la voluntad del menor, que tanto los jueces como la Fiscalía y la Abogacía del Estado creen influenciada por la madre, el “grave riesgo” de que el menor se exponga a “un peligro físico o psíquico” al trasladarse a vivir con su progenitor, o un informe psicológico de parte que concluye que el niño sufre un trastorno de estrés postraumático y advierte de que su traslado puede ocasionarle daños “irreparables en su salud”.

Durante la exploración en la vista oral, Pablo relató episodios violentos con frecuencia semanal por parte de su padre que ni la magistrada de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital grancanaria, primero, ni la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, después, consideraron probados.

Según consta en las actuaciones judiciales a las que ha tenido acceso Canarias Ahora, Pablo nació en Miami en 2005. Ese mismo año, Elián y Jorge firmaron, ante notario y apostillado según las normas de la Convención de La Haya, un “Acuerdo General de Padres” que estipulaba que la madre tendría “el poder residencial primario” y la “posesión física del menor, pero siempre con la sujeción al secundario (el padre)”. Los documentos aportados al procedimiento por la madre recogen que el menor residió desde los once meses hasta los siete años con su madre en España, a caballo entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

En marzo de 2012, Elián autorizó a su hijo a irse de vacaciones un mes con su padre a EEUU después de sufrir un traumático episodio de violencia de género. La madre fue secuestrada y violada por su entonces pareja, que fue condenada por la Audiencia Provincial de Madrid a nueve años de cárcel en abril de 2013. En medio de ese procedimiento judicial, siete meses antes de que se dictara la sentencia, Elián firmó el documento que ha servido de base para que los jueces hayan dado la razón al padre, un acuerdo privado suscrito entre ambos por el que se fijaba la custodia residencial del menor junto al progenitor en Miami. A pesar de que el permiso se limitaba a un mes (de marzo a abril de 2012), Pablo permaneció en EEUU cuatro años y tres meses.

Ya en julio de 2016, el padre autorizó a Pablo a viajar a España hasta agosto para visitar a su madre durante el periodo vacacional. Fue en septiembre de ese año, unos días después de la fecha fijada para el regreso de su hijo, cuando presentó la reclamación por sustracción internacional de menores, ya que el niño se había instalado en Puerto del Rosario y no había vuelto.



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