La emergencia sanitaria ha afectado a todos los sectores de la población, incluyendo al sector de la educación superior, lo que llevará a un aumento inminente y dramático de la deserción estudiantil, la cual expertos estiman entre 600 mil y 1 millón de estudiantes, dicha deserción provocada por factores económicos agudizados durante la crisis; en el mes de Julio del año en curso la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 20,2% lo que significó un aumento en 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior; La falta de condiciones de igualdad y acceso a la educación virtual y otros factores. Por su parte las universidades del país se enfrentan a una profunda he inminente crisis presupuestal, el insuficiente presupuesto universitario languidece ante el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos presupuestales producida por la pandemia, a la inminente deserción estudiantil se suma la pérdida de recursos que las universidades recibían por conceptos de venta de servicios.

En consecuencia, se hace necesario que el Estado, en cada uno de sus niveles de gobierno a través de sus instituciones y recursos garantice el derecho pleno a la educación mediante la asignación eficiente de presupuesto con el fin de garantizar el 100% del valor de matrícula de las y los estudiantes de la UPTC en modalidad de pregrado presencial, asegurando así la permanencia académica en la Universidad; adicionalmente garantizar la manutención, la provisión de recursos para la conectividad vía internet e infraestructura para el funcionamiento de la universidad bajo las circunstancias actuales y frenar el proceso de reforma académica hasta no retomar presencialidad.

En ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en artículo 23 de la constitución política, como organizaciones estudiantiles de la UPTC y como estudiantes matriculados y matriculadas en los programas académicos de la misma, exigimos a las administrativas de la universidad en cabeza del rector Oscar Ramírez, y el Consejo Superior Universitario y a todos los gobernantes del nivel nacional departamental y local desarrollen todas las acciones tendientes a que sean transferidos los recursos necesarios para cobijar el 100% de las matrículas de los y las estudiantes inscritos e inscritas y matriculados y matriculadas; así mismo se hace necesario mencionar que la apropiación de los recursos que se están exigiendo y debido al deterioro de la situación socio-económica de las familias de las y los estudiantes y las mismas universidades, se deben apropiar sin perjuicio de los recursos destinados por medio de otros programas del gobierno nacional o de los gobiernos territoriales; sin discriminar género, estrato socioeconómico ni condiciones físicas o psicológicas.

Igualmente, a la mayor brevedad estas instancias nos atiendan en audiencia pública a fin de precisar un plan conjunto para dar cumplimiento oportunamente a nuestras justas demandas.

Finalmente, reafirmamos la necesidad de brindar garantías de acceso y permanencia para poder realizar el semestre 2020-II y los semestres subsecuentes en condiciones de igualdad, dignidad y acceso a la educación virtual,  mientras persista la situación actual.