La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud  que entró en vigor en mayo de 2003, ordenaba en su Disposición Adicional Sexta la transferencia de los Servicios Sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias y su integración en los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas.

A día de hoy solo se ha cumplido la Ley en el caso de Cataluña y el Pais Vasco.

Los diferentes Gobiernos centrales y autónomicos llevan doce años de incumplimiento de una Ley, discriminando a los profesionales que pertenecemos a este sector sanitario y a las personas privadas de libertad.