Nos sumamos a la petición de retirada del Anteproyecto porque:

1.- No expresa la voluntad popular, pues el 86% de la población desea que cada embarazada decida.

2.- Contrapone la voluntad del Gobierno a Tratados y Recomendaciones internacionales.

3.- Tergiversa la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que afirmó que el nasciturus es un bien jurídico protegido, pero no, como la embarazada, ‘persona’ sujeto del derecho a la vida, a la dignidad y a la autodeterminación, y declaró constitucional la despenalización.

4.- Incumple la Convención CEDAW, cuya Recomendación General 24, art 31.c) insta a los Estados a “abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”

5.- Contradice la Resolución 1607 ‘Acceso a un aborto sin riesgo y legal en Europa’ de la Asamblea del Consejo de Europa y las leyes de plazos de 21 de los 28 estados de la Unión Europea.

6.- Considera a la mujer como inimputable, pero arriesga su salud al castigar al personal sanitario.

7.- Juidicializa la decisión de las menores farragosamente y contra las normas generales del derecho.

8.- Contradice el Programa de Acción 1994-2014 de la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, al supeditar el derecho de las mujeres a decidir a la voluntad de aumentar la tasa de natalidad.