Ley para proteger a los perjudicados por empresas con mala praxis

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Hace 6 años compramos un vehículo de segunda mano a Flexicar. Nada más salir del concesionario empezó a dar problemas. Como tenía garantía de un año, lo llevé a los talleres que me indicaron, por supuesto sin darme nota de reparación para saber qué le ocurría al vehículo. 6 averías y 10 meses después, me dijeron que lo llevara DoctorAuto (taller que acababa de abrir perteneciente a Flexicar).

Al ir a recoger mi coche en este taller, me amenazan con que tenía que pagar la reparación, 2.500 Euros. Al negarme, indicando que está en garantía, me rodean (es la manera que tienen de actuar) y me acusan de estafador por echar combustible en mal estado y de ahí todas las averías que ha sufrido el coche.

Como no accedo a su chantaje, voy con un perito a por el vehículo, pero me obligan a pagar la factura (han reducido el precio de un día para otro en 1.000 Euros). El coche sale en grúa del taller DoctorAuto y se lleva directamente a un taller oficial de la marca del vehículo. Mi sorpresa llega cuando me llaman de este taller para indicarme que tengo que cambiar el motor al vehículo. Las piezas están manipuladas, cambiadas por otras no originales, empalmadas con trozos de tubería y un largo etcétera y la única pieza que estaba bien, era la que le habían cambiado y obligado a pagar. Vuelven a poner la pieza que habían quitado en DoctorAuto.

Pongo una denuncia, esperamos juicio, cuatro años después les condenan y ¿qué ocurre? Que Flexicar no ha cumplido el fallo de la sentencia y nos encontramos a la espera, por parte del juzgado, de la ejecución de la misma (ha pasado otro año más).

Una familia que adquiere un vehículo, no puede disfrutarlo durante el primer año por las múltiples averías, se ven inmersos en un proceso judicial (con el consiguiente perjuicio, no sólo económico, también el desgaste que produce la dilatación en el tiempo hasta que se ha resuelto todo, la incertidumbre, el trato humillante recibido por parte del concesionario,…).

Y mientras, durante estos años,  Flexicar sigue abriendo concesionarios, publicitando su marca en distintos medios y probablemente, haciendo lo mismo a otras familias que confían en ellos.

Por ello, solicito que exista una ley que defienda a los ciudadanos honrados de empresas que abusan de su capacidad económica y poder. Que si hay una denuncia por una mala praxis, no puedan seguir trabajando y lucrándose impunemente. Que si hay una sentencia firme, se les obligue a ejecutarla sin dilatar en el tiempo. Que en vez de jactarse, tengan que cumplir. Y que la ley no proteja a los condenados.



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