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Las decisiones relativas a derechos civiles de las comunidades LGBTT deben ser tomadas sin la indebida intromisión del sector religioso ultraconservador de nuestro país. Vivimos en un estado laico. 

Letter to
Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla
Presidente de Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás
Desde el pasado mes de enero nuestro país ha estado inmerso en un proceso histórico. Por primera vez se presentó legislación que expresamente reconocía la necesidad de garantizar los derechos civiles de las comunidades LGBTT y de garantizar su vida, salud y seguridad.

Sin embargo, este momento que pudo ser un capítulo luminoso de nuestra historia, se convirtió en uno de indignación ante la intromisión indebida de intereses religiosos ultraconservadores en un proceso que debió tener por norte garantizar derechos civiles y NO el complacer a quienes quieren seguir teniendo licencia para discriminar las comunidades LGBTT.

El Proyecto del Senado Núm. 238 era un proyecto amplio que recibió el apoyo de más del 80% de las ponencias presentadas en las vistas públicas que se celebraron para estudiarlo. Profesionales del derecho, de la salud, de la psicología, de las ciencias sociales, de recursos humanos y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se expresaron a favor de la medida tal y como estaba redactada y propusieron enmiendas que mejoraron la misma.

Legisladores y legisladoras de su partido prefirieron escuchar a quienes se oponían al PS238 sin ningún argumento legítimo. Legisladores y legisladoras del Partido Popular Democrático decidieron condicionar su voto para el PS238 a que se negociaran y aceptaran las enmiendas que el sector opositor al mismo les exigió. Mientras la sociedad civil exigía pública y contundentemente que se aprobara el PS238, en las oficinas de algunos de sus legisladores se mantenía un equipo de pastores y representantes del sector religioso conservador en comunicación directa con las personas que se encargaron de trabajar para destruir el mismo. ¿Con qué legitimidad se negociaron enmiendas con un sector cuyas presiones deberían ser rechazadas en un estado laico? ¿Qué harán ustedes dos para disciplinar a estos representantes de su partido que faltaron a su juramento de defender la Constitución?

No somos personas ingenuas. Sabemos quiénes negociaron los derechos civiles de las comunidades LGBTT y no podemos perdonar esa traición a los más altos valores de nuestra Constitución y a nuestra Patria.

Contrario a lo que se quiso decir en los turnos de debate en la Cámara de Representantes en la sesión del 24 de mayo de 2013, las enmiendas al PS238 no se negociaron ni fueron aceptadas por las comunidades LGBTT y otros grupos aliados. Las comunidades LGBTT no estuvieron jamás en la mesa de negociación porque a esas comunidades no se les invitó. ¿Hubieran aceptado negociar enmiendas? Ninguna enmienda que pusiera en riesgo derechos civiles podía ser negociada. Los derechos civiles NO se negocian y menos cuando la negociación pretende reducirlos para complacer a quienes se niegan a reconocer la humanidad y equidad para las personas LGBTT.

El PS238 no atañe exclusivamente a las comunidades LGBTT. El PS238 era un proyecto de país que terminó siendo sólo un pequeño avance que deja un sabor agridulce y que, como tal, será visto cuando generaciones futuras miren nuestra historia.

Esta experiencia nos obliga a exigir, una vez más y con más fuerza: ¡Iglesia y Estado los queremos separados!

Nuestro país merece un gobierno que sepa hacer lo correcto para los derechos de cada ser humano quepan y se honren en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La única razón por la cual las oficinas de representantes y las gradas del hemiciclo estuvieron secuestradas por ideas religiosas que quieren gobernar al país es porque ustedes se lo han permitido por años y lo siguen permitiendo al día de hoy. Ya es hora de que digan basta. La libertad de religión no es lo mismo que libertad para imponerse en el espacio gubernamental para afectar derechos civiles y humanos. Un estado laico existe para garantizar la libertad de credo y también para garantizar que el gobierno actúe bajo parámetros objetivos y a base de fundamentos científicos y/o racionales.

Ahora el PS238 y el PC488 entran en una nueva etapa de desarrollo. Estamos atentas y atentos a sus próximos actos y queremos saber si son lo suficientemente valientes como para rechazar la presión que el sector religioso ultraconservador de este país sigue ejerciendo sobre ustedes y las legisladoras y legisladores. Su deber es resistir. Su deber es adelantar la EQUIDAD.