La existencia de mutualidades obligatorias para los funcionarios civiles del Estado (MUFACE), para los funcionarios de la Administración de Justicia (MUGEJU) y para los militares (ISFAS) es un residuo del franquismo que solo beneficia a las compañías privadas de seguro sanitario. Esta situación resulta un pseudoprivilegio para los funcionarios y es además de injusta, ineficiente, ya que dedica recursos públicos para el uso de unos pocos y quiebra la dinámica de economías de escala caractarística de los Servicios Nacionales de Salud. El Regimen Especial de la Seguridad Social para los funcionarios del Estado (civiles, jueces y militares) debe desparecer. Los funcionarios, como todos los trabajadores, deberían estar integrados en el Regimen General de la Seguridad Social.