El Gobierno de España está ultimando su posición ante la COP28,  la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubai.

En línea con las propuestas del Movimiento Laudato Si, la Plataforma de Acción Laudato Si y Cáritas Internationalis a todos los Estados firmantes de la Convención, solicitamos al Gobierno de España los siguientes puntos básicos para que la COP de este año suponga realmente un avance significativo en la implementación de mecanismos eficaces para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias:

1.- INVENTARIO GLOBAL.(GST) Poner en marcha el Inventario Mundial, mecanismo de evaluación del Acuerdo de París para desarrollar la transición energética de una forma eficiente, obligatoria y que se pueda monitorear fácilmente. Este Inventario Global debe proponer caminos claros, viables y específicos de avance en los objetivos de París, con políticas y planes concretos que adopten un enfoque basado en evidencias científicas y en los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.

2.- MITIGACIÓN. Aumentar la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) aumentando la aplicación de políticas de eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

España debe acordar compromisos vinculantes para garantizar que cumple con su parte en el compromiso global de limitar el aumento de temperatura media de 1,5º C para el 2050 a más tardar. Empezando primero por los países que actual e históricamente más han contaminado.

Se solicita a las partes acordar un marco de transición justa con un objetivo global de renovables que triplique la capacidad mundial de energías renovables para 2030.

Solicitamos también la firma del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles como herramienta fundamental para complementar y reforzar el Acuerdo de París. Y rechazamos las falsas soluciones basadas en captura y almacenamiento de carbono y otras tecnologías de “reducción”.

3. FINANCIACION CLIMÁTICA. Solicitamos a España que cumpla e impulse el cumplimiento del Fondo de Financiación Climática (100.000 millones de dolares que deberían aportar los países desarrollados). El nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo sobre financiación climática debe basarse en las necesidades sobre el terreno y ser sufciente para que los países desempeñen plenamente su papel en la consecución del Acuerdo de París.

En relación con los países menos desarrollados la financiación de las energías limpias no debe adoptar la forma de deudas y préstamos al sector privado, que conducen a “trampas de deuda”. España, como el resto de los países más ricos debe asumir su deuda ecológica y pagarla con financiación pública.

4. PÉRDIDAS Y DAÑOS. La financiación para hacer frente a las pérdidas y daños asociado a los impactos adversos del cambio climático debe ser una financiación pública nueva, adicional y predecible que priorice claramente las subvenciones. Para ello el Fondo de Pérdidas y Daños debe ser de fácil acceso, garantizando que las comunidades necesitadas de todo el Sur Global obtengan el dinero que necesitan para recuperarse y ser dueñas de su propio futuro.

5. ADAPTACIÓN. Es urgente elevar el debate político sobre la adaptación, porque los esfuerzos actuales no siguen el ritmo del aumento de los impactos. España tiene que impulsar, por propio interés y de la comunidad internacional en su globalidad, la adopción de un punto en el orden del día sobre el Objetivo Global de Adaptación, que duplique la financiación de la adaptación para 2025, sobre la base de los niveles de 2019, y se diseñe desde la coordinación y enfoques ecosistémicos e inclusivos culturalmente.

6. SOCIEDAD CIVIL. Desde la convicción de que es necesaria una participación significativa de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes activistas , para una acción por el clima eficaz y basada en los derechos, solicitamos que esta participación abierta y transparente pueda generarse sin temor a repercusiones.

Estamos convencidos de la trascendencia del multilateralismo internacional como gobernanza capaz de establecer y aplicar normas para la “salvaguardia global”. Un espacio donde las voces de la sociedad civil pueda ser escuhadas, donde todos los países tengan un papel que desempeñar y donde la brújula sea el bien común, y no «una autoridad mundial concentrada en una persona o en una élite con excesivo poder» (LD 35).