Pedimos a nuestros DIPUTADOS que NO aprueben la Ley de Reforma al Ministerio Publico girada por el Senado, pues ello importaría el sometimiento de los fiscales al Poder Ejecutivo Nacional, mutando su rol constitucional de defensores de los "intereses generales de la sociedad" y una evidente violación del principio republicano de división de poderes.

La reforma atenta contra la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, condiciona a los fiscales cuando deben investigar la corrupción del poder político y al mismo tiempo debilita al Procurador General, como cabeza del Ministerio Público y como defensor de la legalidad constitucional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.