El derecho de huelga reconocido en España a los trabajadores, como método de presión para solucionar situaciones laborales inadecuadas, está enfocado a entornos empresariales donde una huelga de trabajadores provoca una pérdida de beneficios o de imagen empresarial, que afecta directamente al empresario o directivo responsable de la decisión que ha provocado el conflicto.

  Pero en el caso de las huelgas de funcionarios y trabajadores del sector público, los afectados por la huelga somos los ciudadanos, que en ningún caso tenemos autoridad ni responsabilidad directa en el tema, mientras los que han tomado las decisiones que han provocado la situación,  habitualmente cargos políticos, no se ven afectados ni económica ni legalmente. Como máximo pueden sufrir algún tipo de desgaste político, varios años más tarde, al finalizar su mandato. 

Pidamos a los partidos políticos con representación parlamentaria que modifiquen las leyes de huelga de los trabajadores públicos para que sus movilizaciones afecten a los responsables directos de la situación,  provocando la destitución de los mismos o, al menos, la pérdida de parte de su retribución económica.