P. Michael McKinley - U.S. Ambassador to Colombia: Intervene to prevent human rights violations against Afro-Colombian leaders

Dear Mr. Ambassador McKinley,

We, the undersigned organizations and individuals are writing to express our deepest concern about the safety of Afro-Colombian and indigenous leaders, labor activists and human rights defenders.
On November 13, 2012 the Black Eagles paramilitary group circulated a death threat that included various Afro-Colombian and human rights groups. Among the groups listed was the Association for Internally Displaced Afro-Colombians (AFRODES). On December 1, 2012 a prominent IDP activist and member of AFRODES, Miller Angulo, was murdered in Tumaco. In 2010, three similar death threats were issued by this group and Jair Murillo, a displaced leader in Buenaventura associated with AFRODES was killed.

The lack of an effective response on the part of the Colombian government to AFRODES’s multiple requests for protection measures for a group of 22 of its leaders led 30 AFRODES members to engage in an act of civil disobedience on December 8, 2012 at an event where Colombian Vice President Angelino Garzon was present.

In addition to AFRODES, the November 13, 2012 death threat targets key Afro-Colombian community councils, women, IDP and grassroots organizations in Choco, Cauca and Valle del Cauca. The paramilitaries target the community councils of Consejo Comunitario General de San Juan (ACADESAN), Consejo Comunitario Mayor de la Organization Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) and Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA). The Asociacion de Desplazados dos de Mayo (ADOM), survivors of the Bojaya massacre, and the Asociacion de Familiares de la Violencia Política de Riosucio, survivors of Operation Genesis, are among the victims groups mentioned. Prominent Afro-Colombian women’s organizations including the Association of Women of Northern Cauca (ASOM) and ASOMANUAFROYO, the Afro-Colombian women’s organization of La Toma (Cauca) are listed. Clemencia Carabali and Francia Marquez, who belong to these two organizations, were recently featured in the PBS Series Women, War and Peace’s “The War We Are Living” Episode that aired on public television in November 2011.

Non-Afro-Colombian individuals and groups are also threatened including IDP expert Marco Romero, President, of the Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES); the Political Prisoner Solidarity Committee (FSCPP); the Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CCAJAR); the League of Displaced Women (Liga de Mujeres Desplazadas), the National Victims Movement (MOVICE); INDEPAZ; Asociacion MINGA, the trade union SINALTRAINAL and the Association of Indigenous Cabildos of Northern Cauca (ACIN). In recent years, several members of SINALTRAINAL, MOVICE and ACIN have been intimidated, persecuted and murdered.

We strongly urge you to intervene to prevent further deaths from taking place by doing as follows:

-Issuing a public statement on behalf of the U.S. government that strongly condemns the murders and death threats against human rights defenders including Afro-Colombians, labor and human rights activists. This statement should express the U.S. government’s full support of the vital work done by these organizations and how their efforts help to further human rights, labor rights, democracy and peace in Colombia.
-Urging Colombia’s Protection Unit to immediately provide adequate and effective protective measures to the 22 members of AFRODES who have solicited measures. The Embassy should monitor the security situation for AFRODES’s leaders in Bogota and its regional offices closely. Your visit to AFRODES’s national office in Bogota to meet with its leadership is strongly encouraged.
-Making the protection of Afro-Colombian, indigenous, human rights, labor and IDP leaders a priority issue in your engagement with high level officials within the Colombian government. The U.S. and Colombia should work together to determine how best to improve public policies, programs and full implementation of Constitutional Court Decisions 004 and 005 on Afro-Colombians and indigenous displaced communities so as to prevent further deaths from taking place.
-Guaranteeing the full implementation of the protection related commitments found in the U.S.-Colombia Labor Action Plan and that Colombia fully upholds its obligations with regard to the human rights conditions tied to receipt of U.S. military assistance.

We appreciate your utmost attention to this critical matter.

VERSION EN ESPANOL

Siguen las violaciones de derechos humanos de defensores de derechos humanos colombianos

A: P. Michael McKinley, Embajador de los Estados Unidos a Colombia Su Excelencia, Embajador McKinley,

Nosotros y nosotras, los bajo firmados organizaciones e individuos, le escribimos para expresar nuestra más profunda preocupación sobre la seguridad de los líderes y lideresas afrocolombianos e indígenas, los sindicalistas y los defensores de derechos humanos.

El 13 de noviembre de 2012, el grupo paramilitar Águilas Negras circuló una amenaza de muerte, en la cual fueron listados varios grupos afrocolombianos y organizaciones de defensores de derechos humanos. Entre los grupos listados fue la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). El 1 de diciembre de 2012, Miller Angulo, activista conocido por su trabajo en defensa de los desplazados, fue asesinado en Tumaco. En 2010, tres amenazas de muerte muy parecidas fueron circuladas por este mismo grupo, y Jair Murillo, otro líder desplazado en Buenaventura y también afiliado a AFRODES, fue asesinado. La falta de una respuesta eficiente por parte del gobierno colombiano a los múltiples pedidos para medidas de protección para un grupo de 22 líderes y lideresas de AFRODES llevó a unos 30 miembros de AFRODES a participar en un acto de desobediencia civil el 8 de diciembre, 2012, en un evento donde fue presente el Vicepresidente Angelino Garzón.

Además de AFRODES, la amenaza del día 13 de noviembre de 2012 fue dirigido a consejos comunitarios afrocolombianos claves, mujeres, personas internamente desplazados y otras organizaciones comunitarias en el Chocó, Cauca y el Valle del Cauca. Los paramilitares se dirigieron a consejos comunitarios del Consejo Comunitario General de San Juan (ACADESAN); Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) y Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA); la Asociación de Desplazados Dos de Mayo (ADOM); sobrevivientes del masacre de Bojayá y la Asociación de Familiares de la Violencia Política de Riosucio; y sobrevivientes de la Operación Génesis son unos de los mencionados en la amenaza. Prominente organizaciones de mujeres afrocolombianas, incluyendo la Asociación Municipal de Mujeres del Cauca (ASOM) y la organización de mujeres afrocolombianas de La Toma, ASOMANUAFROYO, también fueron listadas. Clemencia Carabalí y Francia Márquez, integrantes de estas dos organizaciones, fueron destacadas en la serie de PBS Mujeres, Guerra y Paz, en un episodio llamado “La Guerra que Vivimos,” que fue transmitido en noviembre de 2011.

Individuos y grupos no-afrodescendientes también fueron amenazados, incluyendo el experto en temas de desplazamiento Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FSCPP); el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR); la Liga de Mujeres Desplazadas; el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE); INDEPAZ; la Asociación MINGA; el sindicato SINALTRAINAL; y la Asociación del Cabildos de Indígenas Norte del Cauca (ACIN). En los últimos años, varios miembros del SINALTRAINAL, MOVICE y ACIN fueron amenazados, perseguidos y asesinados.

Urgimos de la manera más fuerte posible que intervenga Ud. para prevenir la ocurrencia de más muertes y que haga lo siguiente:
-Publicar un pronunciamiento público por parte del gobierno estadounidense que condena fuertemente los asesinatos y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos, incluyendo a afrocolombianos, sindicalistas y activistas de derechos humanos. Este pronunciamiento debe expresar el apoyo total del gobierno de los estados unidos para el trabajo esencial hecho por estas organizaciones, y mantener que sus esfuerzos promueven derechos humanos, derechos laborales, democracia y paz en Colombia.

-Instar que la Unidad Nacional de Protección provenga, de manera inmediata, medidas de protección adecuadas y eficientes a los 22 miembros de AFRODES que las han solicitado. La Embajada debe monitorear la situación de seguridad de los líderes y lideresas de AFRODES tanto en Bogotá como en sus oficinas regionales. Promovimos su visita a la sede nacional de AFRODES en Bogotá para reunirse con la junta directiva.
-Asegurar que la protección de líderes y lideresas afrocolombianos y afrocolombianas, indígenas, defensores de derechos humanos y líderes de personas internamente desplazados sea una prioridad en su agenda bilateral con el gobierno de Colombia. Los gobiernos de los EE.UU. y Colombia deben trabajar juntos para determinar cómo se puede mejorar las políticas públicas y programas, y cómo asegurar la implementación completa de las Autos de la Corte Constitucional 004 y 005 sobre comunidades desplazadas afrocolombianas e indígenas, con fin de prevenir más asesinatos.

-Garantizar la implementación completa de los acuerdos incluidos en el Plan de Acción Laboral entre los EE.UU. y Colombia, y garantizar que Colombia cumpla con sus obligaciones en el marco del condicionamiento de ayuda militar a la situación de derechos humanos.

Agradecemos su atención a este tema crucial.

Atentamente,
Su nombre