Hace tres años la comunidad de vecinos en la que vivimos nos acogimos a un Programa de Rehabilitación Integral de Barrios, en el que se subvencionaba el 70% del reacondicionamiento y aislamiento de tejados, fachadas y otros elementos del edificio, que fue solicitado y gestionado por parte del Ayuntamiento de Segovia con fondos propios, de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Fomento.

Este programa se sigue llevando a cabo en la actualidad nuestro barrio, San José Obrero, ya que se trata de un barrio trabajador, en el que las construcciones datan de los años 50 o 60 y apenas han sufrido mejoras. Actualmente viven aquí principalmente pensionistas y familias sin excesivos recursos.

Dado que las condiciones del programa nos parecieron interesantes a los vecinos de la comunidad, decidimos acogernos al programa. Una empresa de construcción realizó la obra, todos los vecinos pagamos el 30% de la misma, y el Ayuntamiento concedió la subvención en 2012, que fue pagada por la comunidad de vecinos íntegramente a la empresa de construcción.

En julio de este año nos llega a cada vecino de la comunidad una carta de hacienda con una inspección de la declaración de la renta de 2012, en la que nos informan de que teníamos que haber declarado la parte que nos correspondía a cada vecino del 70% subvencionado (unos 9000€) por considerarlo un aumento de nuestro patrimonio, lo que supone unos 1800€ de pago, más la devolución de hacienda de ese año (si la hubiera), más los intereses generados durante estos dos años, más una posible sanción.

Ninguno de nosotros fuimos informados por ninguna de las instituciones involucradas de la obligación de declarar esa cantidad que en ningún momento entró en nuestras cuentas bancarias particulares.

En ninguno de los borradores de la declaración de la renta de 2012 de ningún vecino aparece reflejado dicho concepto.

En ninguno de los vecinos, que ahora tendremos que hacer frente al pago de una cantidad desorbitada para nuestras economías, hubo intención de defraudar,  por eso, a través de esta petición, queremos conseguir que no se sancione desproporcionadamente al ciudadano de a pie por falta de información (proveniente de las propias instituciones), y que las instituciones encargadas de gestionar subvenciones públicas estén obligadas a informar claramente de las consecuencias fiscales individuales de la aceptación de las mismas.