En febrero de 2024, mi inquilina dejó de pagar el alquiler. El Juzgado nº 5 de Gijón, a día de hoy, ni siquiera ha admitido a trámite la demanda de ejecución económica interpuesta el 10/12/2024 por mi abogada. Me encontraba en situación de desempleo, pero yo sí "pagando" hipoteca, IBI, Comunidad y Seguro de hogar por esta, mi única propiedad, además del alquiler en el piso en el que vivo. El desahucio estaba programado para el 12/02/2024, pero gracias al RD 1/2025, se suspendió hasta el 31/12/2025. La inseguridad de los propietarios se traduce en que las familias <verdaderamente> vulnerables se ven gravemente perjudicadas, ya que ahora les va a ser prácticamente imposible encontrar a ningún propietario que quiera arrendarles sus pisos.

El Real Decreto-ley 1/2025, que extiende la suspensión de desahucios y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2025 para arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, vino acompañado de la promesa de compensaciones para los arrendadores afectados por la moratoria. Sin embargo, estas compensaciones no se han materializado, dejando a propietarios como yo en una situación financiera precaria.

Mientras los arrendatarios vulnerables necesitan apoyo, esta medida ha provocado un efecto dominó negativo para pequeños propietarios que dependen del alquiler como fuente principal de ingresos. Necesitamos soluciones justas que equilibren los derechos de los propietarios y arrendatarios. Proponemos que el gobierno revise las medidas de protección, asegurando la compensación justa y rápida para los propietarios y estableciendo mecanismos que garanticen el pago del alquiler para aquellos ocupantes que realmente lo requieren.

Firma esta petición si crees que es crucial replantear el RD 1/2025 para asegurar un sistema justo tanto para arrendatarios como para propietarios.