Desde la Comisión de Autodefensa Feminista de  Sorginenea queremos denunciar, como ya ha hecho el propio movimiento feminista de Gasteiz, el desamparo en el que se hallan las mujeres vascas que quieren acceder al derecho a la interrupción del embarazo.
El 14 de abril de 2022 entró en vigor la reforma del Código Penal, aprobada en el Parlamento español, para garantiza" la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como sus derechos
sexuales y reproductivos” La norma señala que " El que obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a
80 días".
A esta reforma del Código Penal se sumó la aprobación de la Reforma de la Ley del aborto, consensuada en el Consejo de ministros y ministras del 17 de mayo, para garantizar el acceso al derecho al aborto dentro del sistema público dicho derecho.
Pese a las reformas y modificaciones legales, nos encontramos que no solo el ejercicio de los derechos no está garantizado para las mujeres en nuestra
Comunidad, sino que, además, son nuevamente vulnerados por la desprotección del Tribunal Superiorde Justicia del País Vasco. En sentencia del 13 de octubre La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó el recurso presentado por el colectivo “40 Días por la Vida” contra la resolución de la directora de la Ertzaintza, que obligaba a voluntarios antiabortistas a
desplazar sus rezos a unos 80 metros de una clínica de Vitoria, a la que acuden las mujeres y que reciben el hostigamiento de este grupo. De esta forma, los anti-derechos podrán reunirse delante del centro sanitario
incumpliendo la legislación vigente en materia de derechos reproductivos y seguir con el acoso a profesionales y a las mujeres.
Entendemos el derecho a la libertad religiosa y de culto como un derecho del ámbito privado de las personas y no como una imposición para vulnerar los derechos de otras personas.

La reforma del Código Penal se llevó a cabo ante la evidencia del acoso a los derechos de las mujeres. En un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España muestra que el 89 por ciento de mujeres que acuden a estos centros se habían sentido acosadas y un 66 por ciento amenazadas.
Queremos leyes que garanticen nuestros derechos y un sistema que proteja los mismos de cualquier vulneración. Que saquen los rosarios de nuestros
ovarios de una vez por todas. ¡No al acoso de profesionales y de las mujeres!